Desde 2018, la Defensoría ha participado en distintos planes de ‘Estado abierto’, iniciativas internacionales que promueven la aplicación de los principios de transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas, junto con el uso de la innovación y la tecnología, con el propósito de mejorar la gobernanza y la calidad de los servicios públicos. Los resultados esperados incluyen el aumento de la confianza, legitimidad y valor público de las instituciones, fortaleciendo así la democracia y la paz social.

La Defensoría ha participado ininterrumpidamente en estos planes de acción, alineados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, particularmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°16 (paz, instituciones sólidas y acceso a la justicia).

• 2018: ‘Justicia abierta’, convirtiéndose en la primera institución vinculada al sistema de justicia que participa en esta iniciativa. Su objetivo es acercar la justicia a la ciudadanía, democratizando el conocimiento de los derechos en materia penal y transparentando los roles de los actores del sistema, para mejorar la confianza institucional y fortalecer el estado de derecho.
• 2020: “Derechos humanos y justicia abierta”. Su objetivo es aportar al conocimiento ciudadano sobre derechos en el ámbito penal y, desde allí, contribuir a la paz social, mejorando el acceso a una justicia abierta, participativa y colaborativa.
• 2024: “Justicia abierta para un Estado abierto”. Su objetivo es acercar la justicia a las comunidades locales —con foco en comunas y municipios—, difundiendo de manera clara cómo funciona el sistema y apuntando a disminuir la desconfianza y aumentar la valoración pública respecto de las instituciones que lo integran.

El plan de 'Justicia abierta' se desarrolla en el marco es 'Estado abierto' el cual es una iniciativa internacional que promueve la aplicación de los principios de transparencia, colaboración, participación, rendición de cuentas y uso de la innovación y tecnología.

Su objetivo es que los Estados formulen políticas públicas basadas en la participación y co-creación con las y los ciudadanos, y que éstas permitan su seguimiento y evaluación, para brindar así servicios más eficientes y efectivos a todas las personas.

En paralelo, se busca que la ciudadanía adopte un rol activo, informado, empoderado e involucrado en los asuntos que conciernen a su propia comunidad.

El resultado es la generación de confianza, legitimidad y valor público hacia el Estado, fortaleciendo así la democracia.

 

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