Defensoría Penal Pública: la defensa penal es un derecho de todas y todos

La Defensoría Penal Pública es la institución que entrega defensa penal a todas las personas que lo requieran, chilenas o extranjeras, y que no cuenten con un abogado particular de su confianza.

El compromiso de la Defensoría es el de proteger los derechos de las personas, independientemente de su situación económica, social o cultural.

El servicio será gratuito si la persona no cuenta con recursos para pagarlo. Quienes sí posean ingresos deberán cancelar una parte o el valor total del arancel.

Los adolescentes –mayores de 14 y menores de 18 años- no pagarán el servicio, cualquiera sea su situación económica.

Los defensores se comprometen a:

• Respetar las decisiones de su representado, informándole sus alternativas y la mejor opción jurídica posible.
• Reunir los antecedentes y pruebas necesarias para apoyar la defensa.
• Solicitar que su representado no permanezca privado de libertad más allá del tiempo estrictamente necesario.
• Atender a los familiares de su representado, con el fin de mantenerlos informados.
• Someter su propio trabajo a control y evaluación permanentes.

Los derechos de las personas imputadas:

• Saber por qué fue detenido.
• Recibir en todo momento un trato digno: no puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Guardar silencio.
• Solicitar la presencia de un abogado defensor y entrevistarse privadamente con él.
• Informar a un familiar o a quien estime conveniente que ha sido detenido, los motivos de esta privación de libertad y el lugar en el que se encuentra.
• La detención en un recinto policial no puede extenderse por más de 24 horas, tiempo máximo para ser trasladado ante un juez de garantía. 
• Reclamar ante el juez si al ser detenido sus derechos no fueron respetados.
• Contar con el servicio de un abogado defensor desde el inicio de la investigación y hasta que termine su condena, en caso de ser declarado culpable.