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Defensora Nacional advierte que preocupación legítima por la seguridad no puede dejar de lado el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia

08/05/2026

En 25 años, la Defensoría Penal Pública ha representado a más del 90 por ciento de las personas imputadas por un delito

Defensora Nacional advierte que preocupación legítima por la seguridad no puede dejar de lado el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia

Al rendir cuenta pública de su primer año de gestión como Defensora Nacional, Verónica Encina Vera informó que durante 2025 ingresaron a la Defensoría 299 mil 617 causas. El 81,7 por ciento de ellas corresponde a imputados hombres y el 18,3 por ciento a imputadas mujeres. Además, el año pasado hubo un total de 3 mil 351 mujeres que estuvieron en prisión preventiva. De ellas, el 28,6 por ciento estuvo entre 6 meses y más de un año privadas de libertad. El año pasado también se registraron 302 mil 831 causas terminadas, de las cuales 59 mil 248 corresponden a personas absueltas, sobreseídas o respecto de las cuales el Ministerio Público no se perseveró.

La Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, dio hoy cuenta pública de la gestión institucional 2025 y destacó que, desde su creación en 2001, la Defensoría Penal Pública ha defendido más de 6 millones de causas penales y ha representado a más del 90 por ciento de las personas imputadas por algún delito, haciendo siempre de la presunción de inocencia y del debido proceso una práctica concreta y exigible en cada diligencia desarrollada en el sistema de justicia procesal penal.

“La nuestra es una labor noble y muchas veces incomprendida. Trabajamos contra la corriente y las percepciones generales que, con o sin razón, a veces confían demasiado en la cárcel y poco en el derecho. Pero precisamente por eso esta institución es indispensable: porque un estado de derecho se mide también y, sobre todo, por cómo trata a quienes enfrenta con su poder punitivo”, señaló.

Bajo esta premisa, la jefa nacional de la defensa pública recordó que el 10 de marzo pasado ingreso al Senado el proyecto de ley de reforma constitucional que crea una Defensoría Penal autónoma. A su juicio, una vieja deuda estructural de la reforma a la justicia procesal penal instalada desde el año 2000.

“Esa reforma quedó con una deuda estructural: el Ministerio Público nació con autonomía constitucional, la Defensoría no. Y en un sistema acusatorio, el equilibrio entre quien persigue y quien defiende no es un detalle: es la condición misma del juicio justo”, precisó Encina Vera.

AUTONOMÍA COMO GARANTÍA DE DERECHOS
La abogada recordó que en agosto de 2024 la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, realizó una visita oficial al país y en su informe -relativo al sistema judicial chileno- calificó a la Defensoría Penal Pública como una de las instituciones mejor evaluadas y recomendó fortalecerla otorgándole la autonomía institucional.

“Lo que pedimos, por tanto, no es lo que nosotros queremos para nosotros. Es lo que la comunidad internacional y los estándares contemporáneos del derecho a defensa recomiendan que Chile haga. La autonomía no es un fin en sí mismo: es una garantía del derecho a defensa. Y el derecho a defensa es la última frontera entre la persona y el poder del Estado”, dijo.

En su exposición, la Defensora Nacional destacó también el trabajo realizado para posicionar a la institución como referente técnico en el plano internacional, legislativo y académico.

DEBATE LEGISLATIVO
Agregó que su participación en el debate legislativo en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de ambas cámaras, frente a proyectos de ley como el que amplía las atribuciones policiales, o aquellos relativos al control de identidad, a la tipificación de nuevas figuras penales y al uso de herramientas intrusivas de investigación han tenido por finalidad aportar rigor técnico y demostrar que las políticas públicas basadas en evidencia son las que tienen mayor éxito.

“Quiero ser muy clara aquí, porque el tema lo amerita. Nadie en esta institución desconoce la legitimidad de la preocupación ciudadana por la seguridad, pero nuestra obligación como Defensoría es asegurar que esas respuestas se construyan respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de última ratio del derecho penal”, dijo.

ACADEMIA DE DEFENSORES Y FUNCIONARIOS
Durante 2025, la Defensoría Penal Pública trabajó en un modelo de perfeccionamiento para abogados y funcionarios institucionales, enfocado en potenciar y mejorar la calidad de la defensa, a través de la capacitación, la especialización y el ciclo de calidad.

Fue desde esta premisa que surgió la ‘Academia para defensores y funcionarios de la Defensoría Penal Pública’, la que fue lanzada el jueves de esta semana en el Centro de Justicia de Santiago (CJS).

Esta iniciativa, que durante 2026 desarrollará cinco cursos dirigidos a defensores públicos y funcionarios de la institución, se construyó sobre tres líneas de acción: un programa de formación orientado al desarrollo de las competencias fundamentales para defensoras y defensores públicos; un programa de perfeccionamiento para fortalecer estándares de calidad, especialización y actualización de las y los defensores ante nuevas complejidades, y un programa transversal para todas las personas que ejercen la defensa pública.

“Aspiramos con esto a algo más que capacitación. Aspiramos a gestionar el conocimiento interno, reforzarlo y actualizarlo de modo constante, y entregarlo a los defensores públicos y funcionarios, para mejorar así la calidad de la prestación de defensa penal en cada audiencia que enfrentamos día a día”, indicó Verónica Encina Vera.

GRUPOS VULNERABLES
En su exposición, la Defensora Nacional quiso centrarse en tres grupos vulnerables que enfrentar a diario el sistema procesal penal: las personas que sufren de enajenación mental, las mujeres y aquellas personas que han sido imputadas por un delito y han estado en prisión preventiva para luego ser absueltas o sobreseídas por la justicia.

Durante 2025, más de 400 personas con antecedentes de inimputabilidad por demencia fueron privadas de libertad en recintos penitenciarios, pese a que el Código Procesal Penal regula expresamente que estas personas deben cumplir prisión preventiva en centros hospitalarios.

“No podemos seguir permitiendo que personas enfermas mueran en las cárceles producto del suicidio o de homicidios que se vinculan directamente a la enfermedad que padecen y de la cual el Estado debe hacerse cargo”, acusó la Defensora Nacional.

Respecto de las mujeres, durante 2025 hubo un total de 3 mil 351 mujeres que estuvieron en prisión preventiva y, de ellas, el 28,6 por ciento estuvo entre 6 meses y más de un año privadas de libertad. Cabe destacar, además, que del total de mujeres que estuvo privada de libertad, 43 eran menores de edad y 625 eran extranjeras.

“Hago hoy un llamado a la aplicación real del enfoque de género en la decisión sobre la privación de libertad y, en general, a comprender el verdadero sentido de la prisión preventiva: una medida cautelar excepcional, que no puede traducirse en castigo anticipado”, agregó Encina Vera.

Los casos de personas imputadas por un delito y luego ser absueltas, sobreseídas o cuyas causas son abandonadas por el Ministerio Público son especialmente preocupantes para la Defensoría Penal Pública. Desde la creación de “Proyecto Inocentes” en 2013, más de 28 mil personas han estado en prisión preventiva para luego ser absueltas o sus causas sobreseídas.

En este sentido, la Defensora Nacional advirtió que cuando el sistema se equivoca, son las personas las que ven afectadas en su trabajo, su entorno familiar y su reputación, sin que exista un sistema de reparación automático.

“Por eso, valoramos especialmente el proyecto de ley contenido en el Boletín 18.097-07, que propone modificar el Código Procesal Penal para mejorar el recurso de revisión y fortalecer los mecanismos de indemnización por error judicial. Esperamos que sea tramitado y finalmente aprobado, porque cuando un inocente está en la cárcel, no sólo se vulneran sus derechos. Se debilita el estado de derecho y la legitimidad del sistema. Para eso existe la Defensoría Penal Pública y por eso es tan importante reforzarla institucionalmente”, sostuvo la autoridad.

CIFRAS DE LA DEFENSA PENAL PÚBLICA

Durante 2025, ingresaron a la Defensoría Penal Pública 299 mil 617 causas. El 81,7 por ciento de ellas corresponde a imputados hombres y el 18,3 por ciento a imputadas mujeres.
El 95,5 por ciento de las causas corresponde a personas de 18 años o más y el 4,5 por ciento a adolescentes, al tiempo que el 92,5 por ciento de las causas ingresadas corresponde a personas chilenas y el 7,6 por ciento a personas extranjeras.
El 4,3 por ciento de las personas imputadas declaró pertenecer a un pueblo originario.
Durante 2025 se registraron 302 mil 831 causas terminadas. De ese total, 59 mil 248 corresponden a personas absueltas, sobreseídas o respecto de las cuales no se perseveró.
Más del 45 por ciento de las causas terminadas se extendió por más de seis meses.
El 21,4 por ciento de las causas terminó entre seis meses y un año.
Durante 2025 se decretaron 346 mil 651 medidas cautelares.
Durante el año, la Defensoría participó en más de 947 mil audiencias a nivel nacional.
Además, se realizaron más de 249 mil controles de detención.

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