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Defensora Nacional destacó que la autonomía de la defensa pública es clave para el equilibrio del sistema penal

23/04/2026

En foro internacional

Defensora Nacional destacó que la autonomía de la defensa pública es clave para el equilibrio del sistema penal

En su exposición, Verónica Encina Vera sostuvo que avanzar hacia una Defensoría Penal Pública independiente es indispensable.

Por Alexis Matamala,
Defensoría Nacional.

La Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, participó este jueves en el foro internacional "La importancia de la autonomía de las defensorías públicas", encuentro en que expuso sobre la necesidad de avanzar hacia una autonomía constitucional para la Defensoría Penal Pública de Chile, como una condición necesaria para fortalecer el debido proceso, el equilibrio institucional y la legitimidad del sistema penal.

Durante su intervención, la jefa nacional del servicio recordó que la Defensoría Penal Pública chilena no es un órgano autónomo y que actualmente depende del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese sentido, planteó que la independencia institucional no puede descansar en la sola comprensión o disposición de la autoridad política de turno, sino que debe quedar asegurada por un diseño institucional robusto.

"La independencia y autonomía de la Defensoría Penal Pública y, en particular, de su máxima autoridad, la Defensora Nacional, depende no de una garantía normativa de rango constitucional, sino de la mayor o menor comprensión y respeto del rol de la institución que tenga la autoridad política que dirija el Ministerio de Justicia", señaló.

Encina Vera explicó, además, que la autonomía institucional ha sido una aspiración permanente de la Defensoría desde su creación, en 2001, y relevó que actualmente se encuentra en el Congreso un proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar esa autonomía, iniciativa que busca fortalecer el derecho a defensa técnica como parte de las garantías mínimas del debido proceso.

En su exposición, la Defensora Nacional sostuvo también que uno de los fundamentos centrales de esa reforma es la necesidad de establecer un equilibrio real dentro del proceso penal. En esa línea, advirtió que la defensa pública debe ejercer su rol frente al Ministerio Público y también frente a otros órganos del Ejecutivo que intervienen en el sistema penal, por lo que resulta indispensable resguardar su actuación de cualquier influencia proveniente de la institucionalidad desde la cual emana la pretensión punitiva estatal.

IGUALDAD DE ARMAS
Junto con ello, subrayó que la autonomía es también un requisito para asegurar la igualdad de armas y el equilibrio estructural del modelo acusatorio. "La consagración de la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública permitirá reforzar la simetría institucional del sistema, equilibrando estructuralmente las posiciones de acusación y defensa", explicó.

En la misma línea, agregó que esta discusión no sólo se vincula con el funcionamiento formal del sistema de justicia, sino también con la confianza pública en la independencia de la defensa penal. La abogada sostuvo que la ciudadanía, especialmente las personas asistidas por la Defensoría, deben tener la certeza de que el ejercicio de la defensa se desarrolla libre de injerencias políticas o administrativas, incluso cuando corresponda cuestionar actuaciones estatales o debatir políticas criminales impulsadas por el propio gobierno.

También destacó que la autonomía de la defensa pública se encuentra respaldada por estándares interamericanos y buenas prácticas internacionales, que han insistido en la necesidad de asegurar la independencia funcional, financiera y presupuestaria de estos servicios, como una garantía de acceso a la justicia y de protección efectiva de los derechos.

Por último, advirtió que el fortalecimiento institucional debe ir acompañado de recursos suficientes para sostener una defensa técnica especializada y de calidad, incluyendo investigación propia, apoyo administrativo, tecnológico y recursos para la elaboración de pericias. A ello sumó el impacto que han tenido diversas reformas legales que han reforzado la capacidad operativa del Ministerio Público, alterando la equivalencia proporcional que debe existir entre acusación y defensa.

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