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Defensora Nacional relevó el desafío de garantizar la defensa penal en zonas extremas y reafirmó la necesidad de autonomía institucional

23/04/2026

Fue entrevistada en Punta Arenas

Defensora Nacional relevó el desafío de garantizar la defensa penal en zonas extremas y reafirmó la necesidad de autonomía institucional

En diálogo con El Pingüino de Punta Arenas, Verónica Encina Vera abordó las particularidades de la defensa penal pública en la región, defendió el valor de la presunción de inocencia, destacó el trabajo del "Proyecto Inocentes" y sostuvo que la autonomía de la Defensoría es una deuda pendiente del sistema procesal penal.

Por Alexis Matamala Olavarría,
Defensoría Nacional.

En el marco de su visita a la región de Magallanes, la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, concedió una entrevista al medio El Pingüino, en la que repasó los principales desafíos que enfrenta la defensa penal pública en una de las zonas más australes del país. Durante la conversación, subrayó que la cobertura en territorios aislados constituye una exigencia permanente para la institución, a partir de lo cual valoró el trabajo desarrollado por la Defensoría Regional.

“Acá en Magallanes se enfrenta el desafío de proporcionar defensa y cobertura de defensa en lugares remotos con difícil acceso. Prácticamente tener un defensor es hacer soberanía en Puerto Williams, en Porvenir, en Puerto Natales y en Punta Arenas”, señaló Encina, junto con destacar que existe “un esfuerzo grande, que se hace permanentemente, por poder brindar la prestación de defensa a todas las personas que lo necesitan en los rincones más alejados y más remotos del país”.

Durante la entrevista, la Defensora Nacional también se refirió al rol que cumple la defensa en el proceso penal, especialmente en causas en que la discusión de la prueba resulta decisiva. En ese contexto, recordó que la función de la Defensoría es controvertir las acusaciones, exigir estándares suficientes de acreditación y resguardar que sólo se impongan condenas cuando corresponda jurídicamente.

“Si se aplica una condena, que esa condena sea justa y cuando no se debe aplicar, que no se aplique”, afirmó. Añadió que “el hecho de que existiese una confesión no implica necesariamente una condena”, pues ello no reemplaza la necesidad de prueba suficiente, ni excluye el deber de examinar jurídicamente los hechos.

Consultada por casos de personas absueltas o sometidas a medidas cautelares intensivas respecto de las cuales luego se demostró su inocencia, Encina Vera puso el acento en la vigencia de la presunción de inocencia y en los efectos que genera una persecución penal errónea.

“Lo primero que nosotros, como Defensoría, tenemos que hacer valer es la presunción de inocencia”, sostuvo, para luego advertir que muchas veces las personas afectadas por prisión preventiva que luego son absuetas no reciben una reparación adecuada por el daño sufrido.

"PROYECTO INOCENTES"
En esa línea, relevó el sentido del "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública, orientado a apoyar a quienes han sido injustamente acusados y privados de libertad. Según explicó, esta iniciativa institucional busca “al menos reparar la imagen dañada y perjudicada por el hecho de haber sido acusada de un delito injustamente”, además de brindar apoyo psicológico.

Junto con ello, valoró la presentación de un proyecto de ley que busca modificar el recurso de revisión para facilitar indemnizaciones a personas privadas de libertad injustamente, señalando que se trata de un avance relevante para el reconocimiento efectivo de ese derecho.

La entrevista también abordó el trabajo de defensa penitenciaria y reinserción social. Sobre este punto, la Defensora Nacional explicó que la institución cuenta con un área especializada que representa a personas condenadas para acceder, cuando se cumplen los requisitos legales, a beneficios intrapenitenciarios, a la libertad condicional y a otras alternativas de cumplimiento.

Asimismo, recalcó que la privación de libertad debe ser excepcional y que existe evidencia de que la cárcel muchas veces favorece la reincidencia más que la reinserción. En el caso de Magallanes, destacó el trabajo articulado con organizaciones de la sociedad civil, mencionando experiencias desarrolladas junto a Cáritas Chile para apoyar especialmente a mujeres privadas de libertad.

GENDARMERÍA
Respecto del traslado de Gendarmería al ámbito de seguridad pública, Encina Vera indicó que, a juicio de la Defensoría, se trata de una política adecuada, en la medida en que esa institución forma parte de la orgánica estatal vinculada a la seguridad. Con todo, enfatizó que ello no debe hacer perder de vista su deber de resguardar derechos fundamentales al interior de los recintos penitenciarios y judiciales. También explicó que el ejercicio del monopolio de la fuerza por los organismos de seguridad hace difícil compatibilizar esa función con ciertas formas de asociación funcionaria propias del ámbito administrativo.

Finalmente, Verónica Encina Vera se refirió al avance del proyecto de autonomía de la Defensoría Penal Pública, materia que calificó como una deuda histórica de la reforma procesal penal. “Se trata de equilibrar las fuerzas. En un juicio hay dos partes y ambas partes tienen que tener un equilibrio frente al juez”, afirmó.

En esa misma línea, valoró que en marzo se presentara una reforma constitucional para transformar a la Defensoría en un órgano autónomo, al mismo nivel del Ministerio Público, y expresó su expectativa de que la iniciativa avance en el Congreso, por considerarla necesaria para fortalecer el estado de derecho.

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