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Calama: ciudadano extranjero esperará expulsión con arresto domiciliario nocturno

02/04/2025

Llevaba más de un año privado de libertad

Calama: ciudadano extranjero esperará expulsión con arresto domiciliario nocturno

Fue condenado a 41 días por el delito de conducción sin licencia debida, pena que se dio por cumplida mientras se encontraba privado de libertad. Y otra pena en su contra, de tres años por receptación de vehículos motorizados, fue sustituida por su expulsión del país.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Sólo tres líneas le bastaron al Tribunal de Garantía de Calama para sellar el destino de un ciudadano venezolano que estuvo un año y dos meses privado de libertad, a la espera que se ejecutara la orden de expulsarlo de Chile: “En mérito de lo solicitado por la defensa y en virtud de lo dispuesto en la normativa constitucional, se modifica la privación de libertad del sentenciado por el arresto domiciliario nocturno hasta que se verifique la expulsión del país”, señaló el tribunal.

Lo cierto es que la situación del ciudadano extranjero, de iniciales A.D.O.V., es inédita. Tanto porque es parte de los más de cien condenados del mismo origen que constituyen el 15,3 por ciento de la población penal en Chile y también porque su condena era de 41 días por el delito de conducción sin licencia debida y de tres años por receptación de vehículos motorizados, sanciones que fueron sustituidas por la expulsión judicial. Sin embargo, ante la ruptura de relaciones bilaterales con Venezuela, lo mantuvieron más de 360 días esperando su salida de Chile.

Frente a esta problemática, categorizada por el Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo, como “un limbo judicial que acarrea una serie de complejidades en los recintos penitenciario, sobre todo en las regiones del norte", el directivo sostuvo que se sugirió a las y los defensores públicos de la zona revisar la situación de los extranjeros que estaban en las unidades penales de la región esperando la ejecución de la expulsión judicial decretada, "de tal manera de instar por la sustitución de esa medida por la imposición de libertad vigilada o arresto domiciliario, por ejemplo, para esperar en libertad la materialización de la expulsión”, destacó.

Justamente en este contexto, A.D.O.V., quien fue representado en el proceso en su contra por el defensor público de Calama, Alvaro Gazón Gajardo, salió de la cárcel luego de un año y dos meses, ya habiendo cumplido la pena por conducción sin licencia debida.

TRIBUNAL DE GARANTÍA
Para lograrlo, la defensora pública delegada, Catalina Verdejo, concurrió ante el tribunal de garantía y expuso que, al ser condenado por el tribunal de juicio oral en lo penal, se estableció que la pena impuesta por receptación de vehículos motorizados fuera sustituida por la expulsión del país, la que debía ser ejecutada en un plazo de 120 días.

No obstante, Verdejo relató que, en diciembre de 2024, la Policía de Investigaciones (PDI) emitió el Ordinario N° 809, en el que "se comunica que, producto de la situación actual entre Chile y Venezuela, desde el día 29 de julio del presente año la Embajada de Venezuela en Chile ha efectuado la suspensión indefinida de sus funciones en Chile, lo cual imposibilita la opción de gestionar solicitudes referentes a expulsiones o verificaciones de identidad".

Además, la defensora pública destacó que el condenado cuenta con el respaldo de un tío biológico que vive en Viña del Mar y que tiene residencia definitiva en Chile, junto con lo cual acompañó un informe psicosocial que daba cuenta de que su representado cumple con los requisitos para conceder una pena sustitutiva.

Finalmente, para el análisis del tribunal de garantía, la defensa pública se remitió a lo fallado por la Corte Suprema en 2022, en cuanto a que “la internación dispuesta en el artículo 34 de la Ley N° 18.216 importa una forma de asegurar el cumplimiento de la pena sustitutiva de expulsión, la cual debe materializarse en un plazo determinado o determinable y, su falta de certeza en el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada trasunta en una incertidumbre que vulnera la libertad personal de quien se encuentra privado de libertad a la espera de la ejecución de dicha expulsión”.

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