Sala de Prensa

17/03/2026

Columna de opinión:

25 años de la Defensoría Penal Pública y su autonomía

Artículo redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, y publicado en el diario Atacama.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

El 10 de marzo de 2001 se promulgó la Ley N° 19.718, que creó la Defensoría Penal Pública como un organismo esencial de la Reforma Procesal Penal y cuyo objetivo fue desde un comienzo dar defensa penal de calidad a todas las personas que lo requirieran y que carecen de defensa privada, materializando de forma concreta el acceso a la justicia de todos sin distinción, en especial de aquellas personas que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Este fue, sin duda, un salto civilizatorio en nuestro país, que instaló la defensa penal pública en el contexto de un nuevo modelo de justicia penal en Chile, que dejó atrás el anacrónico y opaco sistema inquisitivo, que carecía de garantías concretas para los intervinientes, sobre todo para los imputados.

A 25 años de este hito en la modernización y democratización de la justicia en nuestro país, muchas cosas han cambiado, como la evolución jurídica con el reconocimiento definitivo de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro ordenamiento interno o la adopción de una perspectiva de género en la justicia, como una forma efectiva de reducir la inequidad existente. Pero también en la sociedad ha mutado la percepción colectiva de la seguridad y su relevancia en la convivencia social, así como la irrupción de una nueva criminalidad con un impacto innegable en el sistema de justicia penal y penitenciario. 

Lo que no ha cambiado en estos 25 años es la necesidad de contar siempre con una defensa penal pública accesible, eficiente y cada vez más especializada en las diferentes materias y en los desafíos descritos, que hoy son necesarios de abordar con responsabilidad y profesionalismo, sobre todo en una época de desconfianza institucional, descrédito del funcionamiento de la justicia y cuestionamiento del rol ético de los abogados.

En ese sentido, contar con una Defensoria Penal Pública robusta y autónoma es de crucial importancia para una democracia, ya que sustenta eficazmente el estado de derecho, garantiza el acceso a la justicia de todas las personas, sin discriminación, y salvaguarda la igualdad material ante la ley, evitando así que los poderes políticos y económicos alteren el complejo equilibrio de la justicia. 

El ingreso en el Congreso Nacional, esta semana, del proyecto de reforma constitucional que consagra la autonomía de la Defensoria Penal Pública es una excelente noticia para la sociedad en su conjunto, puesto que legitima con mayor fuerza el funcionamiento del sistema de justicia penal, que hoy mantiene un evidente desequilibrio entre los actores que la conforman.

Este proyecto sin duda debe ser una cuestión de Estado, tal como lo fue la reforma procesal penal que, con la autonomía de la Defensoría, enmendará un error de origen en el funcionamiento de un sistema que es crucial en la paz social, la seguridad y el orden democrático de nuestro país.

Revise en el adjunto la columna de opinión publicada en el diario Atacama. 

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