Sala de Prensa

13/02/2026

Columna de opinión

Sin un defensor, no hay justicia

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno Alfaro, fue publicado en el diario La Estrella de Arica.

El Defensor Regional de Arica y Parinacota Sergio Zenteno.

El Defensor Regional de Arica y Parinacota Sergio Zenteno.

A fines de enero, el Congreso Nacional aprobó la ley de fortalecimiento del Ministerio Público. Se trata de la expansión institucional más relevante desde su creación: incrementa dotación, refuerza la tramitación de causas, fortalece turnos y flagrancia, mejora el modelo de atención a usuarios y ajusta su diseño orgánico, incorporando mecanismos de supervisión y nuevas exigencias en probidad, integridad y auditoría. El mensaje es claro: el Estado busca una persecución penal más intensa, más rápida y con mayor capacidad operativa.

Ese objetivo es legítimo. Pero el sistema procesal penal no es una suma de instituciones aisladas: es un engranaje. Cuando se fortalece significativamente al órgano persecutor, aumenta inevitablemente la demanda sobre el resto del sistema: más causas activas, más requerimientos de decisiones judiciales, más audiencias por agendar y realizar, y mayor litigación en plazos cada vez más exigentes. En ese contexto, la advertencia de la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, apunta al núcleo del problema: no puede reforzarse una parte del sistema sin impactar a las demás.

Aquí conviene decirlo sin rodeos: donde exista un fiscal y un juez en audiencia, debe existir un defensor. Si no hay defensa presente, la audiencia no puede realizarse. Y si no se realizan audiencias, el sistema de justicia simplemente no funciona, por más recursos que se hayan destinado a la persecución penal. No es un tecnicismo ni una discusión institucional: es una condición estructural del debido proceso y, además, un requisito operativo básico del sistema acusatorio.

Por eso, el fortalecimiento del Ministerio Público exige una consecuencia lógica y responsable: reforzar también la capacidad de la defensa pública para responder a la mayor carga. No como consigna, sino en términos concretos: dotación suficiente, presencia efectiva en audiencias, tiempos razonables para preparar los casos y estándares de calidad que sostengan la legitimidad del proceso. De lo contrario, el sistema se tensiona, se enlentece y pierde credibilidad: aumenta la saturación de agendas, se reduce el tiempo por caso y se elevan los riesgos de decisiones adoptadas sin la debida contradicción.

Una reforma que apuesta por más persecución penal solo puede cumplir su propósito si preserva el contrapeso que garantiza justicia: la defensa.

Columna publicada en diario La Estrella de Arica : https://www.estrellaarica.cl/impresa/2026/02/12/full/cuerpo-principal/7/

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