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Defensoría de Atacama organizó diálogo participativo con mujeres condenadas

04/12/2018

En la biblioteca del CCP de Copiapó

Defensoría de Atacama organizó diálogo participativo con mujeres condenadas

La institución se ha planteado como objetivo prestar el servicio de defensa penal recogiendo las particularidades de mujeres y hombres, resguardando que los criterios de género estén presentes en todos sus productos estratégicos.

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

Un grupo de 12 mujeres privadas de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó estuvieron presentes en un diálogo participativo desarrollado por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Atacama, Boris Hrzic Miranda, junto a su asistente, Cristian Villalobos Tabilo.

El directivo regional explicó a las internas el sentido del encuentro, contexto en que destacó que la región cuenta con un equipo especializado en defensa penitenciaria, integrado por un defensor público, una trabajadora social y una asistente administrativa, cuya labor tiene por objetivo resolver las inquietudes y problemas de quienes cumplen una condena privativa de libertad en un recinto penitenciario.

“Incorporar el enfoque de género a nuestra gestión implica hacernos cargo de que ustedes se encuentran inmersas en un contexto socio-cultural y de género dado, que condiciona la comisión del delito y los recursos argumentativos a los cuales se accede. El reconocimiento del enfoque de género se encuentra en estrecha relación con el reconocimiento del principio de igualdad ante la ley”, destacó Hrzic.

Durante el encuentro, ambos profesionales dieron a conocer los estándares institucionales de defensa y los compromisos de los defensores públicos, además de prestar una atención personalizada a las internas, con la finalidad de que resolvieran sus dudas y supieran cómo acceder a distintos beneficios intrapenitenciarios.

“El servicio de defensa penitenciaria comprende una serie de actuaciones judiciales y extrajudiciales, que se extienden durante todo el cumplimiento de la condena privativa de libertad hasta su completa ejecución, con el objetivo de resguardar sus intereses, garantías y derechos”, finalizó el jefe de Estudios.

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