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29/11/2012
Participaron mujeres y varones imputados y condenados
Defensor Regional de Coquimbo dialogó con internos de la cárcel de Ovalle
El Defensor Regional y la jefa de Estudios comprobaron el alto grado de hacinamiento denunciado por las internas e informaron la situación al director regional de Gendarmería.
Con el objetivo de conocer directamente sus inquietudes, consultas y condiciones de reclusión, la Defensoría Regional de Coquimbo organizó un diálogo participativo con las internas e internos del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ovalle.
En el encuentro participaron el Defensor Regional, Alejandro Viada, y la jefa de Estudios, Yasna Rojas, acompañados por dos defensores penitenciarios. En primera instancia, el grupo se reunió con las 36 mujeres recluidas en la sección femenina del recinto, quienes básicamente pidieron mayor asesoría para la solicitud de beneficios penitenciarios y agilizar la tramitación de sus causas.
Sin embargo, la principal demanda de las internas fue exponer el alto grado de hacinamiento del espacio que ocupan, situación que Alejandro Viada pudo comprobar en un recorrido por las instalaciones: “Las celdas son muy pequeñas, hay problemas de ventilación, comparten hasta 12 mujeres por dormitorio e inclusive algunas duermen en el suelo”, comentó.
Por lo mismo, el directivo institucional resolvió informar la situación al Director Regional de Gendarmería, para que estudie la posibilidad de ampliar estas dependencias o redistribuir a las internas.
Luego, los profesionales se reunieron con medio centenar de internos -imputados y condenados- quienes, tras manifestar opiniones e inquietudes respecto de la asistencia legal que les ofrecen los defensores penales públicos de esa zona, consultaron respecto del estado de sus causas y requirieron una mayor orientación sobre las opciones de unificación de penas y otros beneficios, temas que fueron atendidos in situ por los defensores penitenciarios.
En ambos encuentros, Alejandro Viada reiteró la preocupación de la institución por brindar una defensa penal de calidad a través de abogados altamente calificados, que cotidianamente bregan porque los usuarios tengan un debido proceso y, en caso de ser condenados, tengan una pena justa.
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