Sala de Prensa

15/06/2026

Las claves de la defensa que dejó en libertad a sujeto que amenazó a la PDI en La Serena (*)

(*): El diario La Región publicó una entrevista a la defensora penal pública Camila Salinas, por el caso de un joven que empuñó un arma frente a la PDI de La Serena. La nota reflejó su gran trabajo, que fue ratificado por la Corte de Apelaciones, en cuanto a que no existía mérito para la prisión preventiva, como solicitó y luego apeló el Ministerio Público.

Por René Martínez,
periodista diario La Región.

La figura de un sujeto empuñando una pistola frente al cuartel de la PDI en La Serena fue un momento de tensión que terminó con la persona herida, detenida y formalizada.

Una imagen de alto impacto público, que derivó posteriormente en una compleja discusión técnica en los tribunales de justicia. Porque pese a la alarma que generó el registro, la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la decisión del juzgado de garantía: el imputado permanecerá en libertad, sujeto únicamente a firma quincenal y arraigo nacional.

La estrategia que permitió este desenlace fue liderada por la defensora penal pública Camila Salinas, quien basó su argumentación en dos pilares fundamentales: la proporcionalidad de las cautelares y un vacío técnico en la actual Ley de Control de Armas.

Porque para ella, "la prisión preventiva tiene que responder a un criterio de proporcionalidad. Por eso en la norma se establecen algunos requisitos para poder decretarla", cuenta.

EL "NUDO CIEGO" DE LA LEY DE ARMAS
Uno de los puntos controvertidos fue la formalización por porte de arma susceptible de ser adaptada. Si bien la legislación chilena se endureció respecto de las de fogueo, Salinas explica que la norma exige un requisito específico para que el porte sea constitutivo de delito: la marca y modelo del arma deben estar inscritos en un reglamento que complementa la ley.

Por lo mismo, apuntó que la marca que el imputado portaba "no está dentro de este reglamento. Entonces, como no está dentro de este reglamento, la defensa estima que no hay un delito, porque no se cumple en definitiva con lo que la norma exige".

Así, tanto el tribunal de garantía como la Corte de Apelaciones acogieron esta tesis, entendiendo que no se puede aplicar una sanción penal si la evidencia técnica no se ajusta estrictamente al catálogo legal.

Otro factor que pesó fue la naturaleza de los hechos. Según los antecedentes de la defensa, el imputado nunca realizó un atentado contra el personal policial ni contra transeúntes. Sostiene que siempre hay que ponderar el caso en concreto y en este sentido, tomar varias aristas en consideración.

Y aunque los funcionarios de la PDI declararon haber escuchado un "estruendo", el pre peritaje balístico no entregó certezas sobre un disparo efectivo, ni se halló evidencia física que lo confirmara. "No hay certeza de que haya sido un disparo y la evidencia recabada tampoco implica que haya habido un disparo del arma que portaba el imputado", aclaró Salinas, defensora pública desde 2024.

Más allá de lo jurídico, el caso tiene una arista humana y social. El imputado cuenta con irreprochable conducta anterior y han surgido antecedentes —aunque todavía incipientes— sobre problemas de salud mental.

"No es tan común que suceda este tipo de casos, pero en la Defensoría estamos preparados justamente para atender casos con esta complejidad, pero también el aspecto social". En ese sentido, no sólo ven el caso en sí, "sino que nuestros usuarios son nuestro punto fuerte de preocupación. Eso conlleva estar preocupado de su salud y sus circunstancias anexas", afirmó la defensora, subrayando que, "en realidad, no tenemos algún documento médico para poder corroborarlo, más allá de lo que nos ha hecho saber la familia y algún documento que nos han hecho llegar del Cesfam".

Por ahora, la persona quedó con medidas cautelares "que no sé si podrían llamarse de mínima intensidad, porque en definitiva igual son restrictivas de libertad, como es el arraigo nacional y la firma quincenal. Pero fueron solicitadas por el Ministerio Público y que, entendiendo las proporcionalidades a los hechos investigados, la defensa no se opuso, porque entiende que están dentro de la proporcionalidad que se exige".

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