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20/04/2026
En jornada de capacitación
Personal del area técnica y gendarmes se certificaron en estándares de derechos humanos para trato con población LGTBIQA+
La jornada se desarrolló por mandato del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que internos de la calle 3B denunciaran malos tratos y malas condiciones de habitabilidad.
Por Romina Torrealba y María Eugenia González,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.
Cerca de 80 funcionarios del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur recibieron una certificación, tras participar en una capacitación sobre derechos humanos y trato digno de personas del colectivo LGTBIQA+ privadas de libertad, que se llevó a cabo el 8 y 9 de abril en el auditorio institucional del Centro de Justicia de Santiago (CJS).
Las jornadas fueron conducidas por profesionales especializados de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería.
El objetivo de estas actividades fue dar a conocer la labor de cada una de estas instituciones en el ámbito penitenciario, además de fortalecer los estándares de trato hacia las personas privadas de libertad y cumplir con la Resolución Exenta Nº 5.716 de Gendarmería, que regula el respeto y las garantías en relación con la identidad de género en el sistema carcelario.
OBLIGACIONES DEL ESTADO
La directora metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, valoró positivamente las jornadas de capacitación y destacó su relevancia para recordar las obligaciones del Estado en la garantía y protección de los derechos de las personas. “Con estas capacitaciones se pone especial atención en la protección de personas en situaciones de vulnerabilidad, particularmente cuando se encuentran bajo la custodia del Estado”, agregó.
Beatriz Contreras agradeció también la alta participación de los funcionarios y asistentes: “Esperamos que lo aprendido haya sido de utilidad para todos y todas, y se convierta en una herramienta que los ayude en su labor diaria”, indicó.
Durante los dos días de capacitación se abordaron temas como la identidad de género, la orientación sexual y el uso del nombre social. También se revisaron los tratados internacionales que hacen referencia a estos temas y se detallaron los factores de riesgo, tales como detenciones selectivas, abusos del personal penitenciario, discriminación y falta de acceso a servicios.
Un tema clave tratado por los especialistas fue la revisión corporal a internos en contextos penitenciarios, conocida como "inspección de personas o revisión corporal". En este sentido, la abogada Valentina Lorca, encargada de género y de defensa penitenciaria de la Unidad de Estudios de la DRMN, explicó que la falta de conocimiento o las confusiones en estos asuntos son factores que pueden desencadenar discriminación, y añadió que con estas jornadas se busca mitigar tales denuncias mediante herramientas concretas.
DUDAS RESUELTAS AL MOMENTO
Lorca señaló que durante la capacitación "nos dimos cuenta de que los funcionarios aún tienen muchas dudas sobre cuestiones tan básicas como, por ejemplo, sobre cómo referirse a una persona trans: si deben usar su nombre social, registrado en la ficha de clasificación, o el nombre que figura en el Registro Civil", comentó. Al respecto, se plantearon varias dudas que fueron resueltas en el momento.
En tanto, Claudio Ramírez, profesional el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería, sostuvo que el propósito de su unidad es articular un sistema eficaz de protección y difusión de los derechos humanos de las personas bajo custodia, promoviendo una cultura de respeto hacia estos derechos.
AVANZAR EN BUENAS PRÁCTICAS
Al mismo tiempo, Ramírez destacó el trabajo conjunto que se ha desarrollado sistematicamente con la Defensoría, "que nos ha permitido capacitar anualmente a funcionarios y funcionarias de trato directo en temas sensibles como la prohibición de la tortura, la posición especial de garantes y, recientemente, el respeto y garantía de los derechos de la población LGTBIQA+. El profesional aclaró que esta colaboración, junto con la participación del INDH, "fortalecen nuestro rol como servidores públicos garantes de los derechos de todas las personas privadas de libertad".
Aunque la certificación responde a un mandato judicial, también busca fortalecer las capacidades del personal penitenciario y avanzar hacia buenas prácticas que protejan la dignidad de las personas privadas de libertad, contribuyendo a una mejor convivencia dentro del recinto penal.
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