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Corte de Apelaciones confirmó rechazo de prisión preventiva para imputados por explotación ilegal de bosque nativo en Chiloé

10/04/2026

La primera sala del tribunal de alzada ratificó la resolución del Juzgado de Garantía de Castro

Corte de Apelaciones confirmó rechazo de prisión preventiva para imputados por explotación ilegal de bosque nativo en Chiloé

La resolución previa -ahora confirmada- había desestimado la medida cautelar más gravosa decretando otras de menor intensidad para los imputados en la causa, originada por hechos ocurridos en el sector Púlpito de Chonchi.

Por Jorge Mansilla Macías,
Defensoría Regional de Los Lagos.

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó un fallo previo de la magistrada Jesica Yáñez, del Juzgado de Garantía de Castro, que rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía respecto de nueve de los imputados en el caso por explotación ilegal de bosque nativo en el sector Púlpito, comuna de Chonchi. La representación jurídica estuvo a cargo de los defensores penales públicos Pablo Figueroa y Jairo Acevedo.

El tribunal de alzada mantuvo las medidas cautelares decretadas en primera instancia: arraigo nacional, firma semanal en Carabineros y prohibición de acercarse a las víctimas y a los predios supuestamente usurpados. Con esta resolución, de las 25 personas imputadas por usurpación, hurto y sustracción de madera, comercio clandestino, lavado de activos y asociación ilícita, 16 de ellas cumplen medidas cautelares en libertad, mientras otras ocho permanecen con arresto domiciliario total.

LA ESTRATEGIA
El defensor penal público Jairo Acevedo, quien representa a cinco de los nueve imputados, explicó que la estrategia de la defensa pública apuntó a cuestionar los cargos más graves de la acusación: "Las alegaciones se enfocaron en la propiedad ancestral de las tierras, puesto que -a juicio de esta defensa- no existían delitos, menos los más gravosos, y que las supuestas ganancias por estas prácticas, cifradas en cerca de 4 millones de dólares, no tenían sentido", señaló.

De acuerdo con los defensores públicos, la resolución del tribunal de alzada confirma que no concurrían los presupuestos para privar de libertad a los imputados mientras avanza la investigación, la que continuará su curso en un plazo de 300 días, fijado para las diligencias a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos.

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