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“Un sistema procesal penal que refuerza a la persecución sin fortalecer a la defensa, se desequilibra”.

05/12/2025

La Defensora Nacional participó en el conversatorio “Luego del veredicto del caso SQM”:

“Un sistema procesal penal que refuerza a la persecución sin fortalecer a la defensa, se desequilibra”.

La actividad fue organizada por el Colegio de Abogados de Chile y, junto a Verónica Encina, expusieron la fiscal Ximena Chong y Julián López, profesor de derecho procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Por Alexis Matamala,
Defensoría Nacional.

Este jueves 4 de diciembre, en el auditorio del Colegio de Abogados de Chile, se realizó el conversatorio “Luego del veredicto del caso SQM”, en el que se analizaron los desafíos que los casos complejos presentan para los sistemas de juzgamiento e investigación criminal.

En el encuentro expuso la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, junto a la fiscal Ximena Chong y a Julián López, profesor de derecho procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Durante su intervención, la jefa nacional de la Defensoría Penal Pública puso el acento en una idea central: la creciente complejidad de las causas penales y de los juicios de larga duración obliga a discutir en serio el equilibrio de fuerzas entre la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público.

Encina Vera recordó que en los últimos años se han impulsado diversas reformas orientadas a fortalecer la persecución penal —como la creación de la Fiscalía Supraterritorial, la ley de fortalecimiento del Ministerio Público y otros cambios que aumentan penas, restringen beneficios y acotan garantías procesales—, pero sin un correlato para la defensa.

“Frente a eso, la Defensoría Penal Pública no ha sido considerada en ese reforzamiento”, advirtió la Defensora Nacional, quien subrayó luego que “el sistema procesal penal como tal no funciona si hay desequilibrio”.

DESEQUILIBRIO EN RECURSOS
Según ella, ese desequilibrio se expresa en la diferencia de recursos: mientras la Fiscalía cuenta con equipos especializados, peritos, tecnología y capacidad para investigar durante años causas de alta complejidad, la Defensoría se mantiene proporcionalmente con los mismos o menos recursos que al inicio de la reforma procesal penal.

A juicio de la Defensora Nacional, este escenario se vuelve especialmente crítico en las causas largas y complejas, donde el peso del aparato persecutor convive con juicios que se extienden por años, audiencias de preparación de juicio oral sobredimensionadas y miles de medios de prueba ofrecidos. En ese contexto, insistió, la defensa —pública o privada— enfrenta no sólo tipos penales complejos y periodos prolongados de investigación secreta o reservada, sino también el impacto mediático de las causas.

“Hoy día los abogados defensores no sólo litigan en el tribunal, también tienen que enfrentar el juicio en la opinión pública”, señaló, recordando que muchas personas imputadas se enteran de que están siendo investigadas primero por la prensa antes que por los canales formales.

PROBLEMA SISTÉNICO
En la misma línea, Encina Vera advirtió que la falta de equilibrio estructural no es un problema corporativo, sino sistémico, lo que afecta la capacidad real de la defensa pública para producir prueba de descargo, responder a estrategias probatorias masivas y enfrentar investigaciones extensas sosteniendo una defensa efectiva en el tiempo.

“Mayor es el desafío para los abogados particulares, que muchas veces se enfrentan sin ninguna herramienta a un aparato estatal reforzado y altamente especializado”, agregó.

La abogada planteó, además, que esta discusión sobre equilibrio de fuerzas se vuelve ineludible cuando se analizan fallos recientes en causas de alta connotación pública, especialmente aquellos en que se declara vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Esa vulneración —recordó— tiene efectos directos en el debido proceso, el derecho a defensa y la posibilidad de producir prueba útil, más aún cuando durante el juicio fallecen testigos de la defensa o se agotan los recursos de los acusados para sostener su representación.

Finalmente, Verónica Encina llamó a asumir que el desafío no es sólo normativo, sino también estructural y práctico: revisar cómo se prepara la audiencia de juicio oral, cómo se depura la prueba y cómo se organiza la defensa en causas complejas. Todo ello, insistió, debe hacerse desde una premisa básica: “Un sistema procesal penal que refuerza a la persecución sin fortalecer a la defensa, se desequilibra. Y cuando el sistema se desequilibra, los que pagan el costo no son las instituciones, son las personas imputadas”.

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