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Defensora Nacional: “Las defensorías en todo el mundo no son organismos político... Podríamos incluso decir que son apolíticas”

04/12/2025

Verónica Encina fue entrevistada en CNN Radio Chile

Defensora Nacional: “Las defensorías en todo el mundo no son organismos político... Podríamos incluso decir que son apolíticas”

La máxima autoridad de la DPP recalcó el carácter técnico y apolítico de las defensorías públicas, que representan a todo el espectro de personas imputadas, y advirtió que sin una defensa adecuada no hay verdadera seguridad.

Por Alexis Matamala Olavarría,
Defensoría Nacional.

En entrevista con CNN Radio Chile durante la mañana de hoy, la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, subrayó el carácter técnico y no partidista de las instituciones de defensa penal pública. “Las defensorías en todo el mundo no son organismos políticos... Podríamos incluso decir que son apolíticas, porque nosotros defendemos a todo el espectro. Tenemos imputados de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, fiscales, jueces, ciudadanos como cualquier otro”, sostuvo.

Encina abordó, además, su reciente elección como coordinadora del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (Blodepm) para el período 2025–2027 y defendió la necesidad de reparar a las personas que han estado privadas de libertad injustamente.

Explicó que su nueva responsabilidad “consiste en dirigirlo, coordinar las reuniones, encabezar la agenda y coordinar también junto a la Secretaría General, que está a cargo de Argentina, de la Asociación de Argentina y la vice coordinación, que está a cargo de Paraguay, toda la agenda 2025-2027”.

Junto con ello, Encina Vera destacó que se trata de “una organización particularmente importante, por el intercambio en materia de defensa de los derechos humanos. Es una labor muy importante para el derecho a defensa en los países del Mercosur”.

UNA MISIÓN COMÚN
Pese a las diferencias orgánicas -como el hecho de que la Defensoría Penal Pública chilena aún no cuenta con autonomía, a diferencia de otros países de la región-, la Defensora Nacional recalcó que el corazón de la misión de estas instituciones es común: “El rol de las defensorías es el mismo en todas partes y consiste en hacer valer el derecho al acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, el derecho a un abogado defensor y la presunción de inocencia”.

Respecto del contexto regional y el avance de discursos más punitivos, la abogada sostuvo que “hay, yo diría, una suerte de ola en general a nivel mundial” y que en las reuniones con defensorías de Sudamérica y el Caribe han llegado “a ese mismo diagnóstico”.

En ese escenario, explicó que “el desafío del estado de derecho es asegurar la tranquilidad de los ciudadanos, brindar seguridad y, al mismo tiempo, no vulnerar los derechos fundamentales ni castigar a inocentes con tal de evitar que se cometan o prevenir delitos. Buscar un procedimiento, un proceso penal efectivo”, dijo. Añadió que ese equilibrio “sólo se logra con defensorías penales fuertes, que hagan su trabajo de manera profesional y transversal”.

Frente a la idea de que la defensa pública pueda verse como un obstáculo para la seguridad, Encina respondió: “A primera vista, pareciera ser que la Defensoría es una cortapisa para la seguridad. Pero si se escarba un poquito y empezamos a conversar dentro del rango de las reglas del juego, nos damos cuenta que sin una defensoría o sin una defensa adecuada, en realidad el sistema no da seguridad. Porque ninguna sentencia que llega a privar de libertad a alguien va a ser legítima en un sistema sin un defensor penal. Por lo tanto, la falta de legitimidad del sistema, al corto plazo, va a hacer decaer también la seguridad de los ciudadanos”.

"PROYECTO INOCENTES"
En la segunda parte de la conversación, Verónica Encina abordó el "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública, que desde 2013 visibiliza y acompaña a personas que estuvieron privadas de libertad por imputaciones falsas o erróneas.

“Es un proyecto que existe en otros países. De hecho, el Innocence Project de Estados Unidos es la inspiración. En Chile particularmente, lo que busca es brindar un espacio de reparación a aquellas personas que han sido privadas de libertad injustamente por una imputación que luego se acredita que es falsa o errónea, por ejemplo. Son personas que terminan siendo absueltas y han estado años privadas de libertad y su dignidad, su imagen, ha sido dañada”, explicó.

La Defensora Nacional destacó que este trabajo fue recogido en una iniciativa legal impulsada por la diputada Maite Orsini: “Nuestra Constitución establece un recurso de revisión en la Corte Suprema para casos de error judicial, pero es sumamente exigente y excepcional. El proyecto de ley lo que busca es justamente remediar eso y darle la posibilidad a las personas de demandar al Estado para una indemnización y obtener una reparación por el daño causado en ese período de privación de libertad”.

Consultada sobre la relevancia de contar con una vía de reparación, Encina Vera respondió que “es relevante, por la vulneración de derechos que implica. Las personas que están imputadas y privadas de libertad no sólo pierden el derecho a la libertad durante el período en que viven ese proceso, sino que también se ve afectado su trabajo, su familia, sus amigos, su entorno social y su honra, particularmente en los casos en que hay conocimiento mediático de la causa”. Por eso, enfatizó que "entonces, el derecho a reparar eso debe ser reconocido”.

CLIMA POLÍTICO Y SOCIAL
Respecto de la tensión con un clima político y social marcado por mayores demandas de 'mano dura', Encina Vera sostuvo que el sistema admite “una suerte de margen de error”, pero que el proyecto de ley busca “posibilitar la reparación cuando efectivamente ese error obedece a negligencias”, ya sea “de parte del ente persecutor, del fiscal, de la policía, incluso podría ser la defensa, ya que la defensa mal ejecutada también puede generar este tipo de errores”.

En ese contexto, subrayó que “condenar a un inocente es un grave error del sistema. Por lo tanto, la ciudadanía comprende que tampoco puede ser ese el costo de la persecución y de la seguridad. No podemos encarcelar a toda la gente para evitar que se cometan delitos. Eso no es admisible. Y la ciudadanía también comprende eso. De hecho, si bien parece una voz disonante que se hable de este tema dentro de este clima, por algo existen voces que se levantan para plantearlo”.

Finalmente, la Defensora Nacional valoró el reconocimiento institucional de la Defensoría Penal Pública dentro del Estado: “Nosotros como institución, a pesar de que no tenemos autonomía institucionalmente, se nos respeta como tales. Los distintos gobiernos que ha habido, de distintos signos políticos, han entendido eso. Por otra parte, el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, constantemente nos invitan a dar nuestra opinión acerca de los proyectos de ley y eso es porque entienden que la Defensoría tiene un rol técnico, que se necesita escucharla para legislar adecuadamente”, concluyó.

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