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Joven estuvo más de dos meses preso por una acusación que finalmente no siguió adelante

24/11/2025

Inocencia y debido proceso

Joven estuvo más de dos meses preso por una acusación que finalmente no siguió adelante

Tras ser apercibido por la defensa pública, finalmente el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación y su decisión de no perseverar, confirmando que no existían antecedentes suficientes para sostener la imputación contra el joven.

Por Yerko Oyanadel Calderón,
periodista Defensoría de Arica y Parinacota.

Una investigación penal, que mantuvo a un joven acusado de violación en prisión preventiva por más de dos meses, fue cerrada luego de que la Fiscalía informara que no continuaría con el caso tras su decisión de no perseverar.

Esta decisión respaldó lo que la Defensoría Regional de Arica y Parinacota planteó desde el inicio: no había elementos que justificaran la imputación ni una medida cautelar tan gravosa, que lo mantuvo privado de libertad durante más de dos meses, y posterior a eso, cuatro meses en arresto domiciliario.

Para la Defensoría Regional, este caso muestra las consecuencias de aplicar la prisión preventiva sin fundamentos claros. La confirmación de que no existía evidencia suficiente para mantener la acusación contra el joven volvió a poner en discusión el uso de esta medida cautelar en causas donde los antecedentes de la imputación no son sólidos.

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL
Según la defensa pública, el daño sufrido por el joven es significativo: perdió su libertad, vio interrumpido su proyecto laboral y educativo, y enfrentó una intensa exposición pública y estigmatización social, lo que también afectó a su familia. Aunque el caso se haya cerrado, las consecuencias personales y sociales no desaparecen de inmediato.

“Un joven inocente perdió más de dos meses de su vida y él y su familia quedaron marcados. La prisión preventiva sólo corresponde cuando existen antecedentes reales y verificables, no por presión social ni por temores abstractos. Este tipo de decisiones nos obliga a reforzar la necesidad de actuar con cautela y responsabilidad en cada resolución judicial”, afirmó el defensor local jefe de Arica, Rodrigo Torres Díaz, quien representó al joven imputado.

Este caso refuerza la importancia de mejorar los estándares judiciales, para evitar que personas enfrenten medidas tan restrictivas sin un sustento adecuado. En esta causa la Defensoría Penal Pública reiteró su compromiso con la protección de las garantías constitucionales y con asegurar que ninguna persona vuelva a pasar por una situación similar sin contar con antecedentes que realmente lo justifiquen.

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