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“Toda la evidencia indica que la excesiva prisionización conduce al aumento de la violencia y a la reincidencia”

03/11/2025

Defensora Nacional:

“Toda la evidencia indica que la excesiva prisionización conduce al aumento de la violencia y a la reincidencia”

Según aseguró Verónica Encina en el lanzamiento del libro “Crisis carcelaria y de seguridad”, el uso excesivo de la prisión preventiva tampoco contribuye a la resocialización ni mejora los índices de seguridad.

Por Andrea González Schmessane,
Defensoría Nacional.

“Toda la evidencia indica -y aquí no es una cuestión ideológica- que la excesiva prisionización -a lo único que conduce- es al aumento de la violencia, a la reincidencia y no a la resocialización”, dijo categórica la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, durante su exposición en el Seminario UC: reforma penitenciaria y seguridad pública, organizado por el Programa Reformas a la Justicia UC, en el marco del lanzamiento de su libro “Crisis carcelaria y de seguridad”.

En la instancia, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública participó en una mesa de conversación junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos (s), Ernesto Muñoz; el Fiscal Judicial de la Corte Suprema, señor Jorge Pizarro, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y fue enfática en descartar que la construcción de más cárceles y la disminución de las garantías del Código Procesal Penal, van a solucionar el problema de la seguridad.

“Lo que se discute permanentemente en los debates es qué otro nuevo delito vamos a tipificar, cómo vamos a disminuir las garantías del Código Procesal Penal y cómo vamos a limitar las facultades de los jueces. Porque se cree, se instala el discurso, de que eso soluciona el problema de seguridad. Y si miramos, la encuesta de victimización de Paz Ciudadana y analizamos los índices de temor de nuestra población, son mucho más altos que en países donde -objetivamente- los índices de victimización son mucho mayores”, dijo Encina.

Prisión preventiva

En la misma línea, la Defensora Nacional agregó que existe una tasa sostenida de aumento de la prisión preventiva, detallando que “no aspiramos a una tasa cero, lo que se aspira es a que no se automatice, que no aumente desproporcionadamente”.

“Eso no tiene que ver -necesariamente- con la gestión de fiscales, jueces o defensores. Es una cuestión sistémica que está impulsada -primeramente- por el aumento sostenido de las penas, que hace que el peligro para la seguridad de la sociedad sea un argumento mucho más amplio y, en consecuencia, también aumente la petición y la imposición de la esta medida cautelar”, continuó la abogada.

Y aseveró que “a nuestro juicio, el sistema, si alguna vez tuvo alguna sobrecarga hacia las garantías versus la eficacia, creo que hoy eso está completamente invertido. Tenemos un modelo en el que hay poca posibilidad de aplicar penas sustitutivas dado el aumento sostenido de la penalidad de los distintos delitos, las distintas agendas cortas, la ley de reincidencia, etcétera. Y tenemos una alta tasa de prisionización y jueces de garantía cada vez más presionados normativamente, pero también -incluso por el medio para resolver- decretando medidas cautelares gravosas versus otras”.

“Entendemos que lo que ha ocurrido en estos últimos años, es que son los derechos de las personas los que se están viendo vulnerados a costa de un endurecimiento del sistema que tampoco está ofreciendo resultados más favorables para el objetivo que se pretende políticamente. Si estuviera dando resultados, estuviese disminuyendo la sensación de inseguridad, pero ni siquiera está ocurriendo eso. Ha disminuido -incluso- la tasa de victimización y eso no produce el impacto deseado, por lo tanto, creo que hay que poner una alerta porque efectivamente es necesario que el sistema encarcele a las personas que cometen delitos graves, (…) pero no podemos olvidar que existe la presunción de inocencia y que, si tenemos cada vez más gente privada de libertad de modo cautelar, eso indefectiblemente se va a traducir en personas inocentes privadas de libertad, sea como cautelar o finalmente condenada injustamente. Y eso el sistema, en un estado de derecho, no lo puede permitir”, concluyó la Defensora Nacional.

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