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Defensoría Penal Pública participa como comisionada en la supervisión de centros juveniles en Antofagasta

20/10/2025

Fiscalización interinstitucional con enfoque de derechos humanos

Defensoría Penal Pública participa como comisionada en la supervisión de centros juveniles en Antofagasta

Profesionales de la Unidad de Defensa Penal Juvenil y de la Unidad de Estudios Regionales de la Defensoría Regional de Antofagasta integraron la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros (CISC), instancia que evalúa las condiciones de vida, educación y reinserción de adolescentes privados de libertad bajo la Ley N° 20.084.

Golda Barrientos y Alexis Matamala

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Entre los días 14 y 16 de octubre, las y los profesionales de la Defensoría participaron como comisionados en una nueva jornada de supervisión desarrollada en la Región de Antofagasta.
Esta instancia cumple un rol clave al fiscalizar las condiciones de vida de los adolescentes privados de libertad, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

La actividad fue encabezada por la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, y contó con la participación de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Universidad Católica del Norte, el Ministerio de Educación, el Servicio de Salud, SENDA, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la Defensoría Penal Pública.

Durante tres jornadas, las y los comisionados visitaron centros administrados por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRJ) y secciones juveniles de Gendarmería de Chile.
El trabajo incluyó entrevistas con jóvenes privados de libertad y la revisión de aspectos vinculados a habitabilidad, salud, educación, capacitación laboral, recreación y deporte, además de la implementación de planes de intervención individualizados.

“Nuestra misión principal es verificar que se respeten los derechos y garantías de los adolescentes, resguardando que las medidas privativas de libertad se cumplan en condiciones que favorezcan su desarrollo y reintegración social”, destacó Jesús Toledano Rodríguez, defensor y profesional de la Unidad de Estudios Regionales.

Durante la supervisión, se destacó también la relevancia de la Ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, orientado a fortalecer la atención especializada y superar las deficiencias del sistema anterior.

“El enfoque del SRJ sitúa a los adolescentes como sujetos de derechos, promoviendo una gestión orientada a la inclusión y no a la marginación. En ese sentido, el rol fiscalizador e independiente de la CISC es fundamental para garantizar la aplicación efectiva de estos nuevos estándares”, señaló Golda Barrientos Bellone, psicóloga de la Unidad de Defensa Penal Juvenil.

La Defensoría Penal Pública reafirma su compromiso con una justicia juvenil que priorice la dignidad, la oportunidad y la reinserción, contribuyendo —desde su rol institucional— al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de justicia y derechos humanos.

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