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16/10/2025
Jorge Moraga Torres rindió cuenta pública de la gestión de su equipo durante 2024
Defensor Regional de Aysén instó por el equilibrio entre los actores del sistema de justicia penal
Los énfasis estuvieron puestos en la necesidad de autonomía de la institución, la situación de las mujeres en el sistema penal y el complejo contexto carcelario que vive la región y el país.
Por Valeska Olavarría Gallardo,
periodista Defensoría Regional de Aysén.
“Estamos conscientes de que la seguridad ciudadana es uno de los temas más sentidos por la comunidad regional y nacional, pero el necesario fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución penal no puede ser exclusivo", afirmó ayer el Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga Torres, al rendir cuenta pública de la gestión institucional 2024 en esa zona del país.
"Nos parece complejo que en las últimas definiciones legislativas esté ausente la adopción de los ajustes que debieran realizarse a los demás órganos que componen el sistema de justicia criminal”, advirtió el abogado, quien se refirió así a la reciente creación de la Fiscalía Supraterritorial y de la Defensoría de las Víctimas, iniciativas que suponen principalmente un considerable aumento de los persecutores en el sistema penal.
A la ceremonia, realizada ayer -miércoles 15 de octubre- en el auditorio del Museo Regional en Coyhaique, asistieron el presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro José Ignacio Mora; el contralor regional, Ricardo Hevia; los seremis de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Gobierno, Samuel Navarro, Ruth Vallejos y Úrsula Mix, rexpectivamente, y la jefa de la Región Policial de Investigaciones, prefecta inspectora Katherin Rivillo Molina, entre otras autoridades e invitados.
De esta manera, el Defensor Regional manifestó la preocupación de la institución por el fortalecimiento de sólo uno de los intervinientes del sistema penal: “No es posible, en un sistema cuyos intervinientes se relacionan a diario y en que muchas de sus acciones dependen de unos y otros, que se fortalezca sólo a uno de ellos. Es el sistema de justicia penal, en su conjunto, el que debe ser reforzado, manteniendo de esta forma los equilibrios y la igualdad de armas, del todo necesarios en un real estado de derecho”, señaló.
El directivo recordó también el sentido anhelo de autonomía de la Defensoría Penal Pública: “A 25 de años de instaurada la nueva justicia penal en Chile, resulta apremiante que se establezca la debida autonomía de la Defensoría Penal Pública, presupuesto indispensable para que podamos sostener que en Chile la garantía de la defensa judicial tiene el estatus y tratamiento que requiere, en su calidad de derecho fundamental”.
ESTADÍSTICAS
Dentro de la información que entregó el jefe regional de la defensa pública, destacó que en 2024 la institución atendió 2 mil 985 causas, con una baja de 13,9 por ciento respecto de 2023. Agregó que, desde el 1° de enero al 8 de octubre de este año, en tanto, se atendieron 2 mil 199 causas, correspondientes a 2 mil 630 delitos. Según Moraga Torres, con esta cifra se proyecta que en 2025 el número de casos que atenderá la institución en Aysén será similar al registrado durante el año pasado.
El abogado comentó también que, del total de personas atendidas en 2024, 621 fueron mujeres, 227 fueron menores entre mayores de 14 y menores de 18 añosy 73 fueron personas extranjeras.
DELITOS
En el mismo año se registraron 3 mil 648 delitos, entre los que destacaron en primer lugar las 'lesiones' (719 casos), los 'delitos contra la libertad e intimidad de las personas' -fundamentalmente, amenazas- (597 ingresos) y los 'delitos de la Ley de Tránsito (533 casos).
Moraga explicó que, dentro del primer grupo de delitos -las lesiones-, una importante incidencia tuvieron aquellas provocadas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). De hecho, de las 719 causas atendidas en 2024, 415 de ellas correspondieron a este tipo de situaciones, lo que representó el 57,7 por ciento de los ingresos dentro de este tipo de delitos.
MUJERES EN EL SISTEMA PENAL
En su alocución, el Defensor Regional destacó también el aumento, en los últimos años, de las mujeres imputadas en el sistema penal, fenómeno entre cuyas causas principales se encuentra la comisión de delitos de subsistencia: “Muchas mujeres a las que representamos están involucradas en delitos no violentos, especialmente relacionados con drogas o contra la propiedad. Estos delitos suelen estar vinculados a estrategias de subsistencia, especialmente en contextos de pobreza, desempleo y jefatura de hogar femenina”, aseveró el directivo.
Moraga Torres sostuvo que, según los registros de la Defensoría Regional, en los últimos diez años el ingreso de mujeres perseguidas por el sistema penal aumentó considerablemente: “En 2014 atendimos a 444 mujeres imputadas y diez años después, en 2024, el ingreso de mujeres llegó a 728”, explicó el Defensor Regional.
En este sentido, valoró la apertura de una segunda sección femenina en la cárcel de Puerto Aysén, como alternativa a la que ya existía en la cárcel de Coyhaique: “A través de un recuso de amparo interpuesto en marzo de 2024, entre la Defensoría Penal Pública y el INDH, logramos que se abriera un segundo espacio para las mujeres condenadas y en prisión preventiva (…) Esta sección se abrió en febrero de este año y ha permitido que las mujeres que deben permanecer privadas de libertad, lo hagan en un espacio más digno y seguro”, destacó Jorge Moraga Torres.
SITUACIÓN CARCELARIA
El problema del sobre poblamiento de las cárceles del país -incluida la de Coyhaique- fue otro de los temas destacados por el directivo en la cuenta pública. Según las estadísticas que entregó, en los últimos cinco años la población penal de la región ha pasado de 222 personas a 370, lo que implica un incremento de más de 66 por ciento. A nivel nacional, en tanto, también en los últimos cinco años, el número de personas encarceladas se ha incrementado en un 55 por ciento, pasando de 39 mil personas a poco más de 60 mil en esta primera mitad de la presente década.
“Es evidente que este importante aumento de la población penal en nuestra región no es posible de sostener en el tiempo. La realidad de nuestras cárceles nos muestra centros carcelarios que han superado, hace ya tiempo, el número máximo de personas que es posible mantener encerradas”, comentó el abogado.
Para el Defensor Regional, continuar con este nivel de sobrepoblación penitenciaria, sumado a las altas posibilidades de que esta tendencia al alza se mantenga en los próximos años, implicaría aceptar la imposibilidad de reinsertar socialmente a una persona que quede privada de libertad y, además, acerarse peligrosamente a un escenario de crisis carcelaria.
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