Sala de Prensa

01/10/2025

Pablo Aranda en entrevista con Radio Madero de Copiapó:

“En materia de salud mental Chile tiene una deuda bien importante”

El jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública alertó sobre las precarias condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad con problemas de salud mental.

Por Andrea González Schmessane, 
Defensoría Nacional.

El jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda Aliaga, se refirió al rol de la institución en aquellos casos de personas con problemas de salud mental que son imputadas o condenadas, contexto en que mencionó que, a través de defensores públicos capacitados en aspectos jurídicos y multidisciplinarios de salud mental, el servicio busca mejorar la calidad de las defensas para mejorar, especialmente, la atención de este grupo de usuarias y usuarios.

En entrevista con Radio "Madero" de Copiapó, el abogado explicó que, “en materia de salud mental, Chile tiene una deuda bien importante, no sólo en el ámbito penal (...) Ya es difícil encontrar profesionales relacionados con la salud mental en el sector privado y para personas que están recluidas, eso se hace aún más complejo”.

Agregó que “si no hay tratamiento adecuado, con psiquiatras y psicólogos, es difícil que una persona que comete un delito y que tiene problemas de salud mental no vuelva a reincidir”, para luego detallar que hoy las condiciones en las que se encuentran las personas privados de libertad con problemas de salud mental son bastante precarias.

Por ello, insistió en que “se hace necesario vincular al intersector”, pues la solución “no sólo depende de la Fiscalía, de los tribunales o de la Defensoría, sino que también debe operar el Ministerio de Salud y toda la red de salud pública, que dice estar operando para poder tratar a este tipo de personas”.

DEFENSA ESPECIALIZADA
Respecto de la manera en que la Defensoría aborda la defensa de miembros de pueblos originarios, Pablo Aranda detalló que la institución cuenta con equipos especializados de trabajo y con facilitadores interculturales, “que son personas que pertenecen a las comunidades indígenas, en su mayoría hablantes de la lengua aymara, quechua o mapuzugún, queienes hacen de puente cultural entre la persona que está siendo acusada, el defensor y el sistema completo de justicia".

En la misma línea, añadió que, en el caso de las personas migrantes o extranjeras, “el sistema penal también contempla ciertas particularidades, ciertas variaciones. Por lo tanto, para poder estar acorde a esa realidad y darle una defensa adecuada y de calidad, la defensa también requiere modificar sus procedimientos internos de alguna manera”.

“La Defensoría en este caso también cuenta con defensores especializados en esta materia, porque –además- hay penas que son distintas a la pena de un chileno, que tiene que ver con la expulsión, la expulsión judicial o la expulsión administrativa basada en un hecho delictual y, por lo mismo, también tenemos mayor consideración por las medidas cautelares”, dijo.

El directivo añadió que “efectivamente, el arraigo es más complejo de acreditar en el país para un extranjero y eso es algo que a nosotros nos motiva a trabajar de manera especializada, no para dar un trato preferente, sino parqa poder dar un trato igualitario o que (la persona) enfrente el sistema de justicia en igualdad de condiciones que un chileno”.

Por último, Pablo Aranda detalló que la Defensoría Penal Pública “cuenta con defensores penitenciarios, que no litigan, que no van a juicio, sino que son defensores que prácticamente trabajan dentro de las cárceles, viendo de qué manera las personas que están privadas de libertad pueden cumplir su condena de manera acorde a los derechos humanos, a los tratados vigentes y a la reglamentación chilena”, concluyó.


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