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01/10/2025
Ejercerán esa labor entre 2025 y 2028
AIDEF aprueba designación de cuatro defensores chilenos como nuevos Defensores Públicos Interamericanos
Se trata de los Defensores Regionales de Coquimbo y Aysén, Inés Rojas y Jorge Moraga, junto a los defensores públicos Myriam Reyes y Dagoberto Pastén.
Por Andrea González Schmessane,
Defensoría Nacional.
La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) aprobó este miércoles la designación del nuevo cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos (DPI's) para el periodo 2025–2028, quienes serán los responsables de actuar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de las víctimas que elevan sus respectivos casos a tales instancias.
De esta manera, los cuatro chilenos incluidos en el grupo internacional son los Defensores Regionales de Coquimbo y Aysén, Inés Rojas y Jorge Moraga, respectivamente, además de la abogada Myriam Reyes, defensora penal pública de La Florida, y de su colega Dagoberto Pastén, defensor penal público de Valparaíso.
Junto a las y los defensores de otros países que integran la Asociación, ellos tendrán la misión de actuar como representantes legales de víctimas ante los órganos del 'Sistema interamericano de protección de los derechos humanos', además de promover la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos en la región, según los estatutos de la AIDEF.
El nombramiento ocurre en el marco de la reunión de los miembros de la Asociación que por estos días se lleva a cabo en Brasilia -capital de Brasil-, instancia en que la Defensora Nacional, Verónica Encina, también participa en representación de la Defensoría Penal Pública de Chile.
AIDEF
La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas fue creada el 18 de octubre de 2003 en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), con ocasión de celebrarse el II Congreso Interamericano de Defensorías Públicas.
Se trata de una organización internacional entre cuyos objetivos principales se encuentra el defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, y propender a la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.
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