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26/09/2025
Defensor Regional del Biobío:
“La autonomía de la Defensoría, el fortalecimiento del Ministerio Público y el diseño de la Fiscalía Supraterritorial no son agendas en tensión, sino columnas de un mismo pórtico”
Durante su cuenta pública de la gestión 2024-2025, Osvaldo Pizarro abordó la importancia de contar con autonomía constitucional, con el fin de garantizar la igualdad procesal entre las partes y la equivalencia a nivel institucional y funcional. También comentó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia penal en el contexto de la creación de la Fiscalía Supraterritorial.
Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.
El Defensor Regional del Biobio, Osvaldo Pizarro, realizó su cuenta pública de la gestión 2024–2025, contexto en que expuso los principales resultados de la labor institucional en la zona y los desafíos del sistema de justicia penal. En su intervención, el abogado enfatizó la necesidad de dotar a la Defensoría Penal Pública de autonomía institucional, para garantizar la igualdad procesal entre las partes y proteger la actuación técnica del servicio frente a injerencias externas.
“El modelo de justicia penal chileno es acusatorio y adversarial, y requiere pesos y contrapesos efectivos entre la jurisdicción, la persecución y la defensa. De estos actores, la Defensoría Penal Pública es el único que aún carece de reconocimiento y regulación constitucional de autonomía, lo que nos deja en una posición desmejorada”, señaló Pizarro.
El directivo sostuvo que la intervención de la defensa pública está centrada exclusivamente en los intereses de las personas a las que representa. Agregó que, para honrar ese mandato, la institución requiere un estatus normativo que blinde su labor técnica frente a presiones políticas, administrativas o presupuestarias y minimice cualquier riesgo de intervención institucional.
FISCALÍA SUPRATERRITORIAL
Respecto de la Fiscalía Supraterritorial, Pizarro reconoció la necesidad de robustecer las capacidades investigativas frente al crimen organizado y la macrocriminalidad. Sin embargo, advirtió que el fortalecimiento de un solo actor no debe desbalancear al sistema.
“Si uno de los lados del triángulo -jurisdicción, persecución o defensa- crece sin contrapesos, la justicia se resiente. Fortalecer al Ministerio Público exige, en la misma medida, fortalecer a la Defensoría, para que la igualdad de armas sea real y no sólo retórica”, aseguró.
El objetivo -añadió- no es “castigar más rápido”, sino “castigar mejor cuando corresponda y proteger mejor cuando la ley lo exige”. En esa línea, afirmó también que la autonomía de la Defensoría, el fortalecimiento del Ministerio Público y el diseño de la Fiscalía Supraterritorial son “tres columnas de un mismo pórtico” y no agendas en tensión.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Según expuso, el 18 por ciento de las 22 mil 874 causas terminadas en 2024 en Biobío concluyeron con imputados inocentes o no condenados, de los cuales 110 permanecieron privados de libertad, lo que releva nuevamente la importancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y la necesidad de una defensa técnica y eficaz, que ejerza un contrapeso efectivo a la persecución penal del estado.
Al respecto, Osvaldo Pizarro fue categórico: “Debemos seguir educando a la ciudadanía en cuanto al rol de las instituciones. Si bien es cierto la percepción de impunidad es preocupante para la sociedad, es aún más importante y esencial entender que la labor de la defensa penal publica no es perpetuar la impunidad, sino asegurar que el sistema opere con equidad y justicia. Imputación no es lo mismo que culpabilidad, ser detenido no es lo mismo que ser responsable de un delito”, indicó.
También dijo que, durante 2024, la prisión preventiva se aplicó en el 6,8 por ciento de las causas atendidas en el Biobío, una cifra mayor al 5,3 por ciento registrado en 2022. Agregó que esta tendencia al alza continuó en los primeros meses de 2025, llegando a un inquietante 7,2 por ciento. Según el Defensor Regional, este uso excesivo convierte a la medida cautelar en una pena anticipada y socava la presunción de inocencia.
GESTIÓN EN CIFRAS
En su discurso, el abogado explicó que, durante 2024, la Defensoría Regional del Biobío representó a 22 mil 438 personas (83,9 por ciento hombres y 16,1 por ciento mujeres). Los delitos más frecuentes, en tanto, correspondieron a lesiones (16,5 por ciento), delitos contra la libertad e intimidad de las personas (16,4 por ciento) y delitos de la Ley de Tránsito (13 por ciento).
En defensa especializada, el 4,5 por ciento de las causas de 2024 en la región involucraron a adolescentes; el 3,2 por ciento a personas indígenas; el 2,6 por ciento a personas extranjeras y el 2,2 por ciento a personas inimputables por razones de salud mental.
Entre las cifras preocupantes, Pizarro mencionó la proporción de mujeres extranjeras que este año se encuentran en prisión preventiva, cifra que llega al 23,3 por ciento, muy por encima del porcentaje de mujeres chilenas en la misma condición, que alcanza sólo al 5 por ciento en la zona.
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
El Defensor Regional expuso también que el año pasado más de 200 carabineros fueron capacitados por defensores penales públicos sobre temas como el debido proceso y las actuaciones autónomas de la policía. Este año, una cantidad similar de uniformados se han sumado a estas charlas.
Agregó que, además, se realizó un exhaustivo trabajo con estudiantes de establecimientos particulares y públicos, de manera que, en total, desde 2024 a la fecha se ha capacitado con un enfoque informativo, pero también disuasivo, a más de 700 estudiantes y profesores sobre el sistema penal, los derechos de las personas adolescentes, las sanciones a las que pueden exponerse las y los jóvenes a partir de los 14 años, y las acciones que pueden ser constitutivas de delitos, entre otros temas.
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