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Defensora Nacional advierte la peligrosidad de no controlar la actividad investigativa de las policías

01/09/2025

Ante el aumento de sus facultades en proyecto de ley

Defensora Nacional advierte la peligrosidad de no controlar la actividad investigativa de las policías

Verónica Encina expuso con invitada en la Cámara de Diputadas y Diputados, durante la discusión de la iniciativa que busca ampliar el plazo de flagrancia.

Por Alexis Matamala Olavarría,
Defensoría Nacional.

En su exposición ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, manifestó hoy su preocupación por los alcances del proyecto de ley (boletín 16.481-25) que busca ampliar los plazos de la flagrancia en el Código Procesal Penal, advirtiendo que la iniciativa podría generar confusión interpretativa, riesgos prácticos y una “desnaturalización del concepto de flagrancia”.

La Defensora Nacional explicó que la propuesta no afecta la flagrancia “pura y dura” prevista en el artículo 85 letras a), b) y c), sino la llamada flagrancia ficta, es decir, aquella que ya extiende el concepto original. “Al ampliar el plazo de la flagrancia ficta, lo que en estricto rigor se produce es una desnaturalización del concepto de flagrancia”, advirtió, para luego agregar que ello podría abrir más discusiones judiciales sobre la legalidad de las detenciones, en lugar de aportar a la eficiencia de la persecución penal.

En detalle, la 'flagrancia ficta" se refiere a la situación en la que una persona es sorprendida e identificada con evidencia clara de su participación en un delito, aunque no haya sido sorprendida in fraganti (en el momento mismo de la comisión de un delito).

FACULTADES AUTÓNOMAS Y RIESGO DE CONFUSIÓN
La abogada también observó que el proyecto combina la extensión de plazos con la entrega de nuevas facultades autónomas a las policías y otros organismos, lo que podría debilitar los controles que hoy ejerce el Ministerio Público.

Encina Vera recordó que la Defensoría ya había advertido en el Senado que “no era necesario ampliar las facultades autónomas”, puesto que el sistema cuenta con las instrucciones generales y particulares del Ministerio Público para garantizar eficiencia y control en las detenciones.

“Hay que tener cuidado en que terminemos ampliando las facultades autónomas y, además, ampliando las facultades de instrucciones particulares y generales. La idea no es ampliar ambas, porque eso puede generar incluso mayor problemática a la hora de discutir la legalidad de las actuaciones policiales”, advirtió.

GENDARMERÍA Y ENTIDADES PRIVADAS
Uno de los puntos que más inquietud genera -dijo Encina- es la incorporación de facultades autónomas para Gendarmería de Chile y la Policía Marítima. “Gendarmería no es policía y no tiene capacitación en estas materias. Otorgarle estas facultades podría incluso facilitar ocultamiento de evidencia en casos donde el propio servicio esté involucrado”, sostuvo.

Asimismo, dijo que el hecho de que el proyecto faculte a las policías para requerir colaboración de “entidades públicas y privadas” durante sus labores puede ser confuso. “No existe una conceptualización clara. Hablar de entidades privadas es demasiado amplio y podría abrir la puerta a interpretaciones que afecten la legalidad de las detenciones”, explicó.

FACULTADES YA CONTEMPLADAS
La Defensora Nacional cuestionó la necesidad de replicar atribuciones ya previstas en el artículo 83, como solicitar grabaciones de sistemas de televigilancia o requerir declaraciones a testigos. “No resulta necesario especificarlo nuevamente”, dijo.

La propuesta también amplía a 12 horas el plazo en que un particular podría detener a un agresor, lo que la Defensora Nacional calificó como un grave riesgo para la seguridad ciudadana. “Esa señal confusa puede llevar a que personas se sientan validadas para ir a buscar a un supuesto agresor horas después de ocurrido un hecho. Eso podría generar situaciones de alta complejidad, incluso tragedias, como el caso de una mujer que intentó perseguir a su agresor y terminó quitándole la vida a un inocente”, relató.

Según la jefa nacional de la defensa pública, no existen datos que justifiquen esta extensión y, por el contrario, lo más probable es que fomente a “particulares deteniendo a particulares” en condiciones que pueden derivar en violencia y errores irreparables.

Finalmente, al cerrar su intervención, la Defensora Nacional enfatizó que, lejos de fortalecer la eficacia del sistema penal, la ampliación de la flagrancia ficta y de las facultades autónomas puede debilitar las garantías procesales y generar más conflictos de legalidad. “Nuestra principal preocupación es que este proyecto, tal como está planteado, termine generando más problemas de los que busca solucionar”, concluyó.

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