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Defensora Regional de Coquimbo resaltó avances en defensa pública de mujeres imputadas y de personas con problemas de salud mental

14/08/2025

En el balance de la gestión 2024 del equipo institucional en la zona

Defensora Regional de Coquimbo resaltó avances en defensa pública de mujeres imputadas y de personas con problemas de salud mental

Inés Rojas destacó la especialización en estas áreas con protocolos de actuación, capacitaciones y creación de mesas regionales enfocadas en estas personas usuarias. Especificó, además, que el año pasado el servicio representó a 13 mil 24 personas imputadas en la región, con un incremento de 9 por ciento en los ingresos respecto de 2023.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

En su balance de la gestión 2024, la Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas, resaltó las mejoras desarrolladas en la prestación del servicio de defensa penal pública para mujeres imputadas mujeres y para personas afectadas en su salud mental.

En una ceremonia efectuada en el salón "Pentágono" de la Universidad de La Serena, la jefa regional del servicio describió a distintos grupos vulnerables de la sociedad que sufren discriminación, abusos, violencia, inequidad de género y desigualdad. Añadió que, dentro del sistema de justicia, la Defensoría Penal Pública fue pionera en identificarlos y en ampliar su misión institucional para asegurarles igualdad ante la ley y respeto a sus derechos y garantías.

“Ese mejoramiento nos permite tener abogadas y abogados expertos para representar a personas migrantes, indígenas, adolescentes, condenadas, mujeres y con discapacidad mental”, aseveró.

ENFOQUE DE GÉNERO
Sobre las mujeres, Rojas explicó que, por sus condiciones, deben ser juzgadas de manera especial y con perspectiva de género, en especial las que están privadas de libertad, pues en general son deprivadas socioeconómicamente, sufren abandono social y familiar, conviven con violencia psicológica y física, cumplen el rol de jefas de familia como único sostén económico y tienen hijos que dejan con familiares o vecinos.

“Tenemos un protocolo de defensa con enfoque de género, defensores y funcionarios capacitados y dos Defensorías con un modelo de defensa técnica para representadas en Ovalle y Coquimbo”, comentó.

La abogada destacó el trabajo de la 'Mesa de acceso a la justicia de mujeres y otros grupos vulnerables', conformada por distintas instituciones que han desplegado acciones conjuntas, con respuestas oportunas y concretas que brindan real acceso a la justicia a las mujeres, con un trato digno e igualitario.

SALUD MENTAL
Por otra parte, respecto de personas con enajenación mental imputadas, la jefa regional de la defensa pública explicó que, a principios de 2024, la institución presentó recursos de amparo que fueron acogidos por graves vulneraciones a personas con internación provisional recluidas en el centro de salud del complejo penal de La Serena, lo que es completamente ilegal.

Como resultado de estas vulneraciones, Inés Rojas valoró la instalación de la 'Mesa regional de psiquiatría forense', que aunó voluntades de distintas instituciones para abordar estos casos con diversas acciones, como visitar el hospital psiquiátrico "Dr. Philippe Pinel", de Putaendo, revisar y mejorar las condiciones de infraestructura, recursos y especialistas para el tratamiento de personas con causas suspendidas según el artículo 458; y la elaboración de un pre informe siquiátrico para personas detenidas en un plazo máximo de 48 horas, con el fin de determinar si éstas serán recluida en la unidad de salud del penal de La Serena o en los espacios de la población penitenciaria común.

ABUSO DE PRISIÓN PREVENTIVA
“Como hemos advertido, cada año existe un uso excesivo de la prisión preventiva que ha conllevado al hacinamiento y violencia en las cárceles y también que haya personas acusadas injustamente que, finalmente, resultan inocentes o no condenadas”, sintetizó Rojas

La abogada argumentó que, desde el inicio del sistema adversarial hasta 2024, la Defensoría Regional de Coquimbo representó a 267 mil 532 personas imputadas, de las cuales 31 mil 274 concluyeron sus procesos como inocentes o no condenadas.

Agregó que, del total de personas defendidas, a 18 mil 21 de ellas se les aplicó la medida cautelar de prisión preventiva y, de estos casos, hubo 2 mil 41 personas que permanecieron privadas de libertad en un recinto penitenciario y finalmente fueron declaradas inocentes, ya sea por absolución en juicios orales, por sobreseimiento durante la investigación penal o porque el Ministerio Público decidió no perseverar en tales causas.

“El año pasado, 848 personas representadas sometidas a un proceso penal permanecieron privadas de libertad. De esa cifra, hubo 67 personas investigadas por delitos que estuvieron presas y que, en definitiva, resultaron declaradas inocentes, absueltas o sobreseídas”, puntualizó.

OTRAS CIFRAS
Por otra parte, Inés Rojas especificó que, el año pasado, las y los defensores públicos representaron a 13 mil 24 personas imputadas, con un incremento de 9 por ciento en los ingresos respecto de 2023. “De esos ingresos, el 82 por ciento fueron hombres y el 18 por ciento mujeres; el 6 por ciento correspondió a personas migrantes o extranjeras; el 2 por ciento pertenecía a pueblos originarios y, finalmente, un 4 por ciento eran jóvenes de entre 14 y 18 años”, indicó.

La directiva también mostró que la Defensoría Regional contabilizó 15 mil 501 delitos, contexto en que los más frecuentes fueron aquellos contra la libertad e intimidad de las personas (19 por ciento), las lesiones (17 por ciento) y los de la Ley de Tránsito (10 por ciento).

Finalmente, pormenorizó que la defensa penitenciaria especializada entregó asistencia administrativa y judicial a mil 126 personas condenadas, que realizaron un total de 5 mil 311 requerimientos.

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