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“La autonomía de la Defensoría es una necesidad urgente para el buen funcionamiento del sistema de justicia” (*)

10/08/2025

Humberto Serri Gajardo, Defensor Regional de La Araucanía:

“La autonomía de la Defensoría es una necesidad urgente para el buen funcionamiento del sistema de justicia” (*)

(*): En entrevista con el diario El Austral de Temuco, el abogado planteó sus retos y compromisos institucionales, junto con ofrecer una mirada procesal acerca del mediático “Caso Huracán”.

Diario El Austral de Temuco.

A mediados de julio es anunciado el nuevo Defensor Regional de La Araucanía, que hace pocos días asume la tarea de liderar el trabajo institucional en esta parte del territorio nacional. Se trata de Humberto Serri Gajardo, abogado que ha desempeñado responsabilidades en el Biobío, en la Defensoría Local de Angol, en la Defensoría Penal Mapuche de La Araucanía y en Estudios de la Defensoría Regional de Ñuble. Hoy, se refiere a los compromisos y retos con los que emprende esta nueva etapa profesional.

-Defensor, ¿qué significa para usted asumir esta jefatura institucional en La Araucanía?
-Primero, es un gran orgullo poder liderar un equipo que conozco hace bastantes años y del cual, valga la redundancia, estoy profundamente orgulloso de la labor que han realizado durante todo este tiempo, llevando la defensa penal pública en esta región a un alto estándar de calidad. Pero, además, es una tremenda responsabilidad poder mantener esos niveles de eficacia en cuanto a defensa penal pública, elevarlos y establecer un estándar aún mayor en la región, con respeto pleno a los derechos y garantías de nuestros defendidos.

-Desde su punto de vista y sobre la base de su experiencia profesional e institucional, ¿cuál esta misión que tiene la Defensoría en La Araucanía?
-Bueno, la misión de la Defensoría Penal Pública es transversal a todas las regiones y está marcada por un lineamiento nacional, que dice relación con entregar defensa de alto estándar de calidad con pleno e irrestricto respecto a los derechos humanos de nuestros defendidos, con perspectiva de género, a toda persona que requiera la misma, garantizando así el acceso a la justicia de todas y todos, con apego al principio de integridad, valor público y participación en la generación de políticas públicas.

-Si bien asumió hace muy poco, ¿cuáles son los retos y compromisos con los que ejercerá el cargo en la gestión en curso?
-Desde el punto de vista de la defensa técnica, hoy los grandes desafíos dicen relación con la modernización de la Defensoría y poder también hacer frente a los retos que nos enfrentamos, producto de las leyes de fortalecimiento que han robustecido a los demás intervinientes del proceso penal. En la actualidad, hay dos leyes que están ad portas de entrar en vigencia, la ley de supraterritorialidad y la ley de reforzamiento del Ministerio Público. Esas leyes, evidentemente, lo que traen es una mayor carga de trabajo para poder enfrentar el aumento de causas que se judicializarán.
Además, ha habido un fenómeno en estos últimos años, en donde hemos pasado a una criminalidad mucho más compleja, y que, por tanto, implica investigaciones más complejas, que requieren mayor tiempo de dedicación por parte de nuestros defensores y defensoras. La Defensoría, históricamente, ha enfrentado estos incrementos con la misma dotación y presupuesto, sin que haya un correlato en la institución que representa a las personas que son investigadas, como es la Defensoría Penal Pública. Cambiar esto es un gran desafío.

-Esta región tiene sus singularidades. En su opinión, ¿cuán complejo es ejercer la defensa en un territorio como este?
-La defensa penal pública es compleja de ejercer en todo el territorio nacional. Y tiene una complejidad porque, a ojos de la sociedad, la defensa penal pública siempre ha sido contra mayoritaria, en el sentido de que muchas veces no se entiende la labor que realizamos, ni se comprende por qué una persona investigada por un delito requiere tener una defensa (...) Eso obedece a que la sociedad muchas veces entiende que, por el solo hecho de que a una persona se le comunica una investigación, es decir, se le formaliza y eventualmente queda en prisión preventiva, ya es responsable o culpable del ilícito, cuando lo cierto es que ahí recién está iniciando un proceso en donde esa persona tiene la calidad de imputada, sujeta a derechos y garantías. Entre ellos, derecho a la presunción de inocencia, a un debido proceso y a defenderse con un abogado que tenga los conocimientos para poder ejercer esa defensa (...).

-Uno de los casos más mediáticos en los últimos años es “Huracán”. En lo general, ¿qué le parece la complejidad procesal de este, dada la cantidad de imputados e intervinientes?
-De por sí es un caso complejo. Pero, además, es un ejemplo vivo de cómo ha ido evolucionando la criminalidad en estos 25 años de reforma procesal. Así, nos podemos dar cuenta de cómo un caso de esta magnitud, que se ha extendido por más de seis meses en su etapa de juicio oral -y probablemente dure hasta fin de año-, trastoca todo el proceso penal desde el punto de vista de las necesidades que se ven mermadas a partir de tener permanentemente a cuatro defensores penales públicos dedicados exclusivamente a esta causa.
Esto último ha significado tener que redistribuir las cargas de trabajo, cumplir con cobertura en una serie de salas de los distintos tribunales de la región, acudir a las necesidades de nuestros imputados que se encuentran privados de libertad y todo aquello con la misma cantidad de defensores y defensoras con que contábamos cuando no existían este tipo de juicios. Desde otro punto de vista, demuestra la necesidad del derecho a la defensa, porque no nos olvidemos que este caso se inicia en 2017 e implicó -en su tiempo- que imputados estuviesen privados de libertad más de un mes, porque se estimaba que eran culpables de delitos tan graves como terrorismo y asociación criminal, logrando finalmente la libertad de ellos tras una acción de amparo (...) En suma, este caso demuestra la necesidad de una defensa técnica, de calidad y desde los inicios de un procedimiento.

-En un tiempo en que las faltas a la probidad y la corrupción han permeado a diversas instituciones en Chile, ¿cómo procurará la Defensoría evitar estas transgresiones?
-La Defensoría Penal Pública siempre ha tenido la preocupación de llevar un control estricto respecto de la labor que realiza cada uno de sus funcionarios que pertenecen a la dotación pública o aquellos prestadores de defensa que ingresan a través de los contratos de licitación. Para eso tenemos una serie de mecanismos. Tenemos controles internos, tenemos inspectoría, tenemos auditorías externas y, además, un código deontológico que establece una serie de situaciones, en donde dirime qué es lo que hay que realizar ante conflictos de interés. Aquello nos parece que va en la línea de lo que es prevenir, pero evidentemente es necesario estar constantemente revisando las situaciones y mejorando los estándares de prioridad.

-Humberto, ¿por qué es importante para esta entidad alcanzar la autonomía constitucional?
-La autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública es una necesidad urgente y estructural para el buen funcionamiento del sistema de justicia en Chile. A casi 25años de la reforma procesal penal, seguimos siendo un organismo dependiente, mientras que el Ministerio Público y el Poder Judicial ya cuentan con esa autonomía.
Eso genera un desequilibrio evidente dentro del sistema, tanto desde una perspectiva simbólica como práctica. Cuando hablamos de autonomía constitucional, lo es desde el derecho de las personas a una defensa independiente, técnica y libre de presiones externas.
Los defensores penales públicos debemos poder ajustar nuestras estrategias de defensa exclusivamente a los intereses de nuestros representados, no a lo que opine la autoridad de turno, el gobierno, la opinión pública o, incluso, nuestra propia jefatura. Esa es la esencia del derecho a defensa.

Revise la entrevista original en el siguiente enlace:

https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=48725587

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