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03/08/2025
Defensora Nacional:
“Necesitamos instalar es la importancia de la presunción de inocencia”
En entrevista con el diario El Mercurio, Verónica Encina Vera planteó, entre otras cosas, que “si bien es muy importante asegurar que los ciudadanos puedan transitar por la calle sin ser atacados, también es muy importante que no sean acusados de delitos injustamente”.
Por diario El Mercurio.
“Nos tocó el momento más importante, cuando se dio la instauración del sistema procesal penal en la Región Metropolitana”, recuerda Verónica Encina, actual Defensora Nacional, sobre su primer paso por la institución hace 20 años, en 2005, donde ejerció como defensora jefe de Las Condes. “Ahí el desafío era instalar el (nuevo) sistema acusatorio, era que todas las causas se vieran en audiencias públicas, que los imputados tuvieran defensor, que eso era algo nuevo, antes no existía, y asegurar ese derecho a defensa. Eso se logró”, afirma. En el organismo estuvo hasta 2011, entonces ejercía como jefa del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones.
Su retorno, desde abril de este año como máxima autoridad, ocurre en un contexto de cambio en la criminalidad del país, impulsado por bandas internacionales dedicadas a delitos como trata de personas, secuestros, sicariato o tráfico de drogas. Algunos de esos delitos no eran habituales hace una o dos décadas y eso ha provocado modificaciones y fortalecimientos en las policías y el Ministerio Público.
Sin embargo, lamenta, en el sistema encargado de asegurar la defensa dichas mejoras no han llegado. “Van a aumentar las causas, es probable que sea necesario aumentar las salas y que la forma de trabajar cambie con la Fiscalía Supraterritorial. Los fiscales van a poder cubrir causas de todo Chile y decidir pedirle a la Corte Suprema cuando trasladar una causa de Arica a Santiago. Eso, con los defensores penales públicos, hoy no se puede cubrir”.
RECURSOS PARA LA DEFENSORÍA “HAN IDO DISMINUYENDO”
Sobre esto, Encina puntualiza que uno de los cambios que ha notado es la desigualdad presupuestaria, lo que, dice, afecta las garantías procesales de los imputados y acusados. “Los recursos han ido disminuyendo. Lo que al principio se entendía muy claramente, que era que el sistema tenía que ser equilibrado, que lo que se le daba al Ministerio Público se le tenía que dar en proporción a la Defensoría, ha ido cambiando con el tiempo”.
En ese marco, surge el debate sobre cómo hacer prevalecer las garantías de los imputados o acusados por sobre la sensación de inseguridad ciudadana. “Frente a un escenario en que el discurso que prevalece es la inseguridad y todo apunta hacia el castigo inmediato, lo que necesitamos instalar es la importancia de la presunción de inocencia. Porque por muy grave que sea el delito que a uno se le atribuya, deben acreditarse los antecedentes de que el hecho ocurrió y mínimamente que hay una participación. Si no se prueba, no puede ir la persona en prisión”. En ese sentido, profundiza: “Si bien es muy importante asegurar, por cierto, que los ciudadanos puedan transitar por la calle libremente sin ser atacados, también es muy importante que esos mismos ciudadanos no sean acusados de delitos injustamente y sean privados de libertad”.
La defensora Encina recuerda que el año pasado se decretó la prisión preventiva a más de 25 mil personas. “Nos estamos acercando a los porcentajes de personas privadas de libertad en prisión preventiva versus condenadas que teníamos antes de la reforma (procesal penal)”, observa con preocupación.
“NO TODO LO QUE LA FISCALÍA DICE QUE ES DELITO, LO ES"
—Así como en otras instituciones hay proyectos de ley que las tratan de fortalecer, equipos nuevos o unidades nuevas para enfrentar el crimen organizado. ¿De qué manera la Defensoría está haciendo frente a ese fenómeno? ¿Tienen equipo especializado?
—La Defensoría hoy día aún no tiene un área especializada en crimen organizado. Lo que tenemos nosotros es el foco en el tipo de imputados. Tenemos especialización en adolescentes, inmigrantes, en mujeres, y también tenemos el área especializada en derecho penitenciario. Pero estamos trabajando en eso, hoy día se está creando ya en la Defensoría una unidad de causas complejas que van a abordar esta temática. Ahora, uno podrá preguntarse: ¿para qué defender al crimen organizado? Bueno, la imputación no es prueba de delito. La persona está imputada, y, por tanto, rige su presunción de inocencia. Existen imputaciones por crimen organizado que han terminado en una absolución también, porque no todo lo que la fiscalía dice al inicio de una investigación que es un delito, lo es. Y para eso está el defensor.
—¿Han tenido casos de amenazas por no poder cumplir con las expectativas del imputado? Si bien puede haber presunción de inocencia, también pueden ser culpables y peligrosos. ¿Cómo se enfrenta a eso?
—Por suerte, hasta ahora no hemos tenido ninguna situación grave ni ningún tipo de extorsión, amenaza. No ha habido ningún caso conocido de un defensor público que haya sido afectado por vulneración a sus derechos por los imputados. Pero es un tema que estamos trabajando y que, incluso, queremos abordar en una suerte de convenio con el propio Ministerio Público: establecer ciertos protocolos en caso de que un defensor sea víctima de un delito, cómo denunciarlo y hacer más ágil esa investigación, por ejemplo.
INVESTIGAR LA IDENTIDAD CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO
—¿Ha aumentado el ingreso irregular de extranjeros, ¿confían en la identidad que entregan?, ¿cómo repercute eso en el trabajo de los defensores?
—En primer lugar, si nosotros fuéramos un abogado particular, para ejemplificarlo, y llega una persona y me dice: ‘me están acusando en una causa y me llamo Juan Pérez', el abogado no puede investigar si esa persona se llama así o no. Lo mismo ocurre con la Defensoría. Quien tiene la facultad de investigar la identidad de las personas es el Ministerio Público (…) Eso muchas veces tarda. Siempre en el sistema penal, no solo en el nuevo, en el antiguo también han existido suplantaciones, pero no es la defensa la que se hace cargo de eso. En algunos casos podría ocurrir que a la defensa incluso le convenga acreditar que la persona no es la que dicen ser, podría una persona estar utilizando una identidad que beneficia a la defensa y en otros casos puede ser perjudicial. El punto es que la defensa no tiene la obligación de acreditar.
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