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Inocentes entre rejas y un Estado que no sabe pedir perdón (*)

09/07/2025

(*): El siguiente reportaje se publicó en Revista Abismo

Inocentes entre rejas y un Estado que no sabe pedir perdón (*)

Cada año, miles de personas inocentes en Chile enfrentan prisión preventiva sin haber cometido delito alguno. El Proyecto Inocentes, impulsado por la Defensoría Penal Pública, visibiliza estas historias y denuncia las fallas estructurales del sistema judicial que arrasan con vidas y reputaciones. Los casos de Julio Lorca y Nardy Ribera reflejan el trauma, el abandono estatal y la lucha por una reparación que rara vez llega. Mientras el Estado se resiste a pedir perdón, las víctimas siguen buscando justicia y dignidad.

Por Meritxell Freixas Martorell,
Revista Abismo (revistaabismo.com).

Julio asaba la carne del almuerzo para su mujer y su hija, de entonces nueve meses, en el quincho de una cabaña que había arrendado en el litoral central, cuando se percató de “una actividad sospechosa”: un hombre le sacaba fotos sin disimular desde detrás de la reja de su condominio.

Era mediodía de febrero de 2013 y, junto a su familia, había decidido pasar unos días de verano en la playa a la espera de que terminara el vendaval que, desde hacía una semana, sacudía con fuerza sus vidas.

El nombre de Julio Lorca, que entonces tenía 39 años, estaba a punto de saltar a la prensa como el profesor de música acusado de la violación de una niña de 13 años en un colegio de Peñalolén. Un delito que él nunca cometió.

–Vamos a la playa, esto va a pasar –le había sugerido su pareja, que siempre confió en él y nunca dudó de su palabra.

Como los otros días que vacacionó en El Tabo, esa tarde esperaba en algún momento la llamada de la Fiscalía para citarle a declarar, pero en lugar de llamar al teléfono, llamaron a la puerta.

–¿Julio Lorca? –le preguntó un agente de civil.

–Yo mismo.

–¿Sabe que tiene una querella criminal en su contra?

–La verdad es que nunca nadie me ha avisado, oficialmente, de nada.

–Tiene que acompañarnos.

***

Julio se dio cuenta de la embestida que le venía cuando, tras su detención y momentos antes de ser formalizado, tuvo que convencer a su primer abogado –el que le tocó de oficio, de la Defensoría Penal Pública– de “dar la pelea” por su inocencia.

“No podía ser que me acusaran de algo que no había hecho y que permitiera que me metieran en prisión preventiva; en mi cabeza no cabía esa posibilidad. Era ridículo y, más que pena o angustia, me daba rabia, una indignación muy profunda”.

Quien defendía a la supuesta víctima –la parte querellante– era ni más ni menos que el hoy cuestionado abogado Mario Schilling, que en ese entonces era muy reconocido por su rol como litigante en otro polémico caso –Hijitus– en el que acusó a otro profesor de abuso sexual infantil, que luego también terminó absuelto.

En la audiencia, Julio escuchó largos relatos sobre su persona: su carácter, sus hábitos, sus gustos y, luego, los supuestos hechos. Tanto Schilling como la Fiscalía lo describían como “un monstruo” capaz de cometer “atrocidades”. Aunque, al principio, logró evitar la cárcel preventiva y permaneció dos meses bajo arresto domiciliario, la aparición repentina de un informe pericial que daba credibilidad a la versión de la menor endureció sus medidas cautelares. El juez ordenó, entonces, su privación de libertad, que se alargó por casi un año y medio.

“Entré en una suerte de disociación, veía mi vida como si estuviera observándola desde afuera y yo fuera el personaje de una película que vivía aquella realidad”.

Julio relata su experiencia entre silencios, interrupciones y quiebres. El trauma sigue latente y la herida, todavía sin cicatrizar, supura durante la conversación en los recuerdos más duros.

“Nunca he podido dejar de contarlo tal cual, a pesar del dolor. No se me va a olvidar jamás. Ni un detalle. Porque para mí es súper importante rescatarlo tal cual fue”.

El caso de Julio Lorca es uno de los 75 que recoge el Proyecto Inocentes, una iniciativa creada por la Defensoría Penal Pública que visibiliza las historias de personas que han pasado por la prisión preventiva injustamente porque luego no fueron condenadas por los delitos que se les imputaron.

Desde 2013, casi 27.000 personas en Chile han estado en prisión sin haber cometido ningún delito: resultaron absueltas en un juicio oral, sobreseídas porque nunca existió el crimen del que se los acusó o porque demostraron su inocencia durante la investigación.

“EL SISTEMA SE EQUIVOCA
Dice el filósofo estadounidense Michael Sandel que “la justicia no trata solamente de los resultados correctos, sino también de los procesos correctos”. Algunas veces, sin embargo, como en cualquier otro sistema conformado por seres humanos, en el proceso se cometen errores que acarrean graves consecuencias.

“Uno tiene credibilidad en el sistema, cree que nunca se equivoca y que quienes se enfrentan la justicia, efectivamente, han hecho algo”, dice la encargada jurídica del Proyecto Inocentes, Francisca Eulufi. “Pero desde la otra vereda, se destruye ese paradigma porque el Estado se equivoca y se demora mucho en reconocer su error y revertirlo”, añade Eulufi.

“Es innegable que hay personas inocentes condenadas porque no existe ningún sistema de justicia infalible”, dice el exdefensor nacional Georgy Schubert.

Schubert impulsó el Proyecto Inocentes en 2013 inspirado en el mismo modelo estadounidense Innocent Project y convencido –dice– de querer “reforzar el derecho a defensa en un sistema enfocado en la persecución y el castigo, pero no en la protección de las garantías individuales”.

Desde la Defensoría Regional del Biobío dedicó horas extra de su trabajo a dar forma a la iniciativa en un proceso “demoroso” que luego exportó a la Defensoría Nacional: “Convencí a otras defensorías regionales y a la defensora nacional de la época de que esto era algo que teníamos que hacer nosotros”.

Cuando una persona inocente va a la cárcel –explica Schubert, hoy procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Concepción– no es porque una sola institución o persona se equivocó o hizo mal su trabajo, sino que “son fallas del sistema en sus distintas etapas, desde la policía hasta los peritos, los fiscales, jueces, defensores, etc.”

UNA SOCIEDAD PUNITIVISTA
En 2024, más de 21.000 personas permanecían en prisión preventiva, es decir, un 37% de la población encarcelada, en una tasa de 105 presos preventivos por 100.000 habitantes. “Es un número histórico, estamos igual o peor que antes de la reforma procesal penal del año 2000”, precisa el abogado y académico Mauricio Duce. Según su libro La prisión preventiva en Chile: Análisis de los cambios legales y su impacto, en 1987, cuando había el 57% de los internos en prisión preventiva, la tasa era de 103 por cada 100.000 habitantes.

“La crisis de seguridad pública y los cambios políticos empujaron su demanda”, añade Duce. En períodos electorales, como el que ahora atraviesa Chile, también resurgen los llamados a endurecer las cárceles y penetran en el debate público. Según el experto, si en casos de alto impacto público no se decreta la prisión preventiva, la sociedad “entiende que hay impunidad”. Para Eulufi, “la mirada de la sociedad es muy punitivista y esa presión acaba traspasándose al juez”.

El Proyecto Inocentes busca visibilizar los errores en los que se puede caer durante la persecución penal y que pueden llevar a la cárcel a una persona sin relación alguna con un delito: desde declaraciones o confesiones falsas hasta errores periciales, del fiscal o malas conductas de agentes del Estado o del defensor.

Además, intenta contribuir a la reparación de la imagen y reputación de los afectados, que queda profundamente dañada. “La etiqueta queda para siempre porque después, cuando la causa termina por sobreseimiento, porque el hecho no era constitutivo de delito o porque se encuentra el verdadero responsable, esa parte no se cuenta”, explica la encargada jurídica de Proyecto Inocentes, la abogada Francisca Eulufi.

***

Pasaba su maleta por el escáner de la aduana fronteriza de El Loa, en la región de Iquique, procedente de Bolivia, cuando dos agentes la detuvieron para preguntarle por unos frascos que cargaba en su equipaje.

Nardy Ribera, que ese marzo de 2016 tenía 25 años, regresaba a Chile desde Santa Cruz, su ciudad natal, y llevaba unas cremas de keratina para alisado de pelo que le había encargado una amiga.

–Son unas cremas de keratina para tratamiento capilar –respondió ella a los fiscalizadores.

–¿Está segura? –la interpelaron.

Mientras daba todas las explicaciones –que si el alisado, que si la amiga del salón de belleza, que si el mensaje de Whatsapp con la encomienda, etc.– los funcionarios, sin ella alcanzar a ver el procedimiento, analizaron las cremas. Luego la llevaron a otra habitación, le “rajaron” la maleta y le gritaron que se callara.

–Párate, estás detenida por tráfico de drogas.

Así empezó el viacrucis que, hasta hoy, nueve años después, sacude la vida de Nardy.

No ha podido olvidar el momento del registro corporal: “Una agente aduanera se puso unos guantes y empezó a apretarme el estómago hacia adentro”. Ella le pidió que parara, pues había pasado por un aborto hacía poco, “pero la mujer seguía”. La obligó a agacharse y a ponerse de cuclillas. Le levantó la ropa y le tocó “el costado de los senos” –recuerda–. Le sacaron las trenzas que llevaba, los cordones de los zapatos y la llevaron a una celda.

Durante el traslado en el auto policial hacia Iquique, donde fue formalizada por supuestamente transportar tres kilos y 41 gramos cocaína, no dejó insistir en su inocencia. Suplicó a los agentes que la acompañaban que le dejaran llamar a su padre, pero los policías solo la interrogaron y revolvieron una vez más sus pertenencias.

“Fue un momento horrible, en medio del desierto y sola. Fue como una tortura porque estas formas no corresponden con el protocolo que ellos deberían realizar”.

Cuando al día siguiente habló por primera vez con su abogada de oficio, el mundo le cayó encima: “Ni siquiera quien debía defenderme creía en mi inocencia”. Las únicas palabras que recuerda dentro de la sala fueron “120 días de investigación”. Luego la esposaron.

Como la primera letrada que la defendió, los otros abogados que pasaron después por su causa siempre le recomendaron que se declarara culpable. Ella nunca lo hizo.

“SENTÍ QUE HABÍA MUERTO”
De su primer día en la cárcel recuerda una celda fría y húmeda, sin nada para taparse y con un colchón de espuma sobre el cual se acostó apenas se vio encerrada: “En ese momento sentí que me había muerto, no quería nada, pensé que me iba a suicidar”. No encontraba salida posible ante la posibilidad de quedar presa por 15 años, como había solicitado la Fiscalía.

Su único motor “para no rendirse” fueron sus padres, a quienes recordaba gracias a una foto que atesoraba entre sus pocas pertenencias.

Tras más de seis meses entre rejas, la justicia sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva por la prohibición de salir del país porque el fiscal del caso reveló que “la sustancia incautada, no era droga”. Después llegó la decisión del Ministerio Público de no perseverar.

Nardy describió en una carta, años más tarde, el momento exacto en el que la Fiscalía hizo público su error (aunque nunca se disculpó).

“Entonces empecé a llorar (…) escuché que me dijeron arraigo nacional y poco después me sacaron las manillas de las manos y de los pies; fue tan liberador ese momento que volví a nacer. El guardia que anteriormente había hecho burla de mi inocencia se acercó y me dijo ‘lo siento me diste una gran lección’ y me regaló 1.000 pesos”.

Nardy “no puede evitar” quebrarse cuando habla de su historia porque “es un dolor muy grande –dice– que sigue ahí: viene un recuerdo y luego otro. Es fuerte”.

Su carta continúa: “En el momento en que las puertas se abrieron, Nardy Ribera existió nuevamente”. Cuenta cómo se dio cuenta de los cambios en su cuerpo: más delgada, su cabello más largo y “maltratado”, y el rostro “demacrado y ojeroso”. Caminó y, “aunque parezca sarcástico” –escribió– dio las gracias y salió.

No le importaba nada, solo quería buscar un teléfono y llamar a su familia.

EN BUSCA DE REPARACIÓN
En Chile no existen políticas públicas que permitan una “reparación integral” de las personas que han sido encarceladas por error. “No hay ayuda a la reinserción social, ni apoyo psicolaboral o psiquiátrico”, explica Francisca Eulufi.

Julio Lorca recuerda que tras salir pasó dos semanas con “una euforia gigante”, pero que luego cayó en una fuerte depresión y “nadie sabía cómo ayudarle”. Fue diagnosticado con estrés postraumático y sufría ataques de pánico frecuentes. “Era muy difícil vivir así. Tuve que aprender a entender mi cuerpo, mi emocionalidad, y a ser yo de nuevo”.

Nardy dice que desde que salió de la cárcel hasta hoy “ha tenido que demostrar continuamente” su inocencia y que “lo perdió todo”. Sus padres tuvieron que hipotecar la casa que ellos mismos habían construido para pagar a los abogados. Años después terminarían perdiéndola. Su papá se enfermó y personas que consideraba amigas le dieron la espalda. Además, de las dificultades para conseguir un trabajo con contrato porque durante los seis años que permaneció abierta la causa figuraba con antecedentes penales.

Con consecuencias como estas, las víctimas del sistema judicial acuden a Proyecto Inocentes para dar una nueva batalla legal –probablemente más larga que la que dejaron atrás– que, de alguna forma, compense todos esos perjuicios.

La reparación pasa por indemnizar a la víctima, un trabajo que la Defensoría –que no tiene facultades legales para demandar al Estado– lleva a cabo en alianza con distintas organizaciones para éstas representen jurídicamente a los inocentes que quieran demandar al Estado.

La Fundación Pro Bono (FPB), que agrupa distintos estudios jurídicos que toman estos casos libres de costos, es desde 2016 una de las colaboradoras del proyecto. “A través de FPB, triangulamos a la Defensoría Penal Pública y a los estudios jurídicos miembros de la fundación y, mes a mes, hacemos el seguimiento de los casos”, explica Andrés Sepúlveda, abogado de FPB.

Para Eva Méndez, directora ejecutiva de FPB, esta alianza es “una manifestación robusta de que la colaboración público-privada es indispensable para abordar aquellos temas en que el Estado no da abasto”.

Hasta ahora, la FPB ha presentado tres demandas civiles contra el Estado, en las que se han obtenido dos condenas (una firme y otra en apelación).

“Muchas veces la forma de cerrar el capítulo es a través de una indemnización”, apunta el abogado Aldo Díaz, socio de Colombara Estrategia Legal, despacho jurídico miembro de FPB que ha demandado al Estado en varias ocasiones.

A Julio Lorca le costó decidirse, pero finalmente demandó al Estado y logró una compensación económica, aunque según él los daños “son inconmensurables”. Nardy Ribera, acompañada de FPB, lleva dos años batallando en la justicia administrativa por ello.

“Quieren conseguir la verdad y que alguien les pida disculpas, pero el sistema eso no lo hace”, añade Díaz.

ABSUELTO POR UNANIMIDAD
Hasta en tres ocasiones Julio Lorca llegó a rechazar un juicio abreviado, que implicaba aceptar la acusación de violación a cambio de recortarle la pena. Pero siempre eligió ir a juicio, incluso cuando el fiscal le ofreció la liberad al día siguiente bajo la condición de “libertad vigilada”.

“¿Cómo iba a aceptar una responsabilidad de algo que no hice? ¿Con qué cara le iba a pedir a mi hija, en el futuro, que fuese una persona íntegra?”, reflexionó entonces.

–Nos vemos en el juicio –le respondió indignado al persecutor.

Del día del juicio, sentado al lado de su abogado, Julio recuerda con detalle los dos momentos en los que vio como la tesis del fiscal y de los querellantes se derrumbaba. Su inculpación ya no tenía ningún sustento.

Ante la pregunta del Ministerio Público “¿dónde te tocó el tío Julio?”, la respuesta de la niña despejó las dudas.

–Mi papá me dijo que el tío Julio me tocó –respondió la menor.

“Ese fue un momento brutal –rememora– Aquí se definió todo y me retrotrae a todas las veces que yo había soñado que en algún momento la niña iba a decir la verdad. Y lo hizo”.

Después vino el informe definitivo del Servicio Médico Legal (SML), desconocido hasta entonces y que reveló que las lesiones de la niña no eran por una agresión sexual, sino producto de una infección vaginal por falta de aseo.

Fue entonces que el relato “se vació por completo” y quedó en nada. “Resulta que el resultado de ese examen, el informe de fondo que me exoneraba de todo, la Fiscalía nunca lo mostró. Jamás. Entonces desde el primer día yo no tendría que haber estado ahí”.

Julio Lorca fue absuelto por unanimidad. Cuando escuchó el veredicto, solo sonrió, pero había pasado 17 meses privado de libertad.

El tribunal condenó a la Fiscalía por las falencias investigativas y también al abogado querellante, Mario Schilling, por negligencia grave en el desempeño de sus funciones.

Julio relata llorando el final de su historia. Deja que la emoción le brote sin contenerse porque, tras pasar 17 meses encerrado, al final sintió “alegría y alivio, pero sobre todo orgullo de no haber dado su brazo a torcer”.

“El aparato estatal puede tener una visión tan fría y tan alejada de la verdad, que puede dañarnos a todos –reflexiona–. A cualquiera, en cualquier momento, lo pueden acusar de cualquier cosa”.

Ahora, dedicado de nuevo a la docencia, con tres hijos y entusiasmado con nuevos proyectos, está creando por su propia cuenta la Fundación Inocentes para apoyar a víctimas del sistema judicial, como lo fue él.

Con el paso del tiempo se ha ido “reconciliando” consigo mismo y con la experiencia que le tocó vivir. Hoy siente que libró “una lucha gigante contra un sistema”, “que hizo lo que tenía que hacer”.

–¿Qué lo movió?

–Una reivindicación profunda de justicia, uno de los mayores valores que puede tener el ser humano.

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