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Seminario conmemoró los 20 años de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana

25/06/2025

Contó con una clase expositiva del académico Mauricio Duce

Seminario conmemoró los 20 años de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana

El experto abordó críticamente la proliferación de modificaciones al Código Procesal Penal en los últimos años, muchas de ellas impulsadas por las llamadas “agendas cortas” de seguridad. Al respecto, sostuvo que estas reformas han tenido un carácter eminentemente punitivo, debilitando algunos principios del modelo acusatorio original.

Por Gustavo López Valeria
Defensoría Regional Metropolitana Sur

Con una mirada analítica sobre los avances y tensiones actuales del sistema, las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte y Sur organizaron el seminario “A 20 años de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana: una mirada crítica, experiencias y desafíos”, que congregó a autoridades del sector justicia, defensoras y defensores públicos, académicos y funcionarios del servicio. La actividad, enmarcada en el vigésimo aniversario de la reforma en la Región Metropolitana, fue inaugurada con una clase magistral del profesor Mauricio Duce.

El académico reflexionó sobre los principales logros que ha tenido la reforma procesal penal en sus dos décadas de vigencia en todo el país. En su ponencia, titulada “Una mirada a los logros y desafíos de la justicia penal acusatoria en Chile: 20 años no es nada”, Duce advirtió que, pese a las críticas que ha recibido en el último tiempo, la reforma chilena sigue siendo observada con atención a nivel internacional.

“Chile logró implementar una transformación estructural del sistema de justicia penal en muy poco tiempo, lo que ha sido objeto de análisis y reconocimiento fuera de nuestras fronteras. No podemos mirar en menos esta experiencia”, recalcó el académico, quien llamó a valorar el camino recorrido sin dejar de mirar con rigurosidad los aspectos que deben corregirse.

AGENDAS CORTAS
El experto abordó críticamente la proliferación de modificaciones al Código Procesal Penal en los últimos años, muchas de ellas impulsadas por las llamadas “agendas cortas” de seguridad. Al respecto, sostuvo que estas reformas han tenido un carácter eminentemente punitivo, debilitando algunos principios del modelo acusatorio original.

Entre las medidas más preocupantes que mencionó se encuentran el aumento de las facultades autónomas de investigación para las policías, la expansión de los controles de identidad y las detenciones por flagrancia, el comiso de bienes, la restricción de salidas alternativas y el endurecimiento del uso de la prisión preventiva.

Esta intervención fue seguida con atención por las principales autoridades del ámbito penal, incluyendo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la Defensora Nacional, Verónica Encina; el Defensor Regional Metropolitano Sur, Renato González, y la Defensora Regional Metropolitana Norte, Daniela Báez.

Uno de los puntos más críticos de la exposición estuvo centrado en el uso excesivo de la prisión preventiva. Según cifras presentadas por Duce, actualmente el 36,2 por ciento de los hombres privados de libertad son imputados sin condena, mientras que en el caso de las mujeres el problema se acentúa: el 46 por ciento de la población penal femenina está hoy bajo esta medida cautelar.

LEGITIMIDAD SOCIAL Y SOCIEDAD CIVIL
Frente a este escenario, el académico propuso una hoja de ruta para fortalecer la legitimidad del sistema penal, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y una mejor comunicación con la ciudadanía. “Es urgente instalar una política de construcción de legitimidad social del sistema, que se base en elementos normativos, tecnológicos y culturales”, señaló.

Entre las estrategias propuestas, destacó el desarrollo de una política comunicacional que explique los resultados del sistema -sus éxitos y fracasos- a través de múltiples canales, así como el fortalecimiento del rol técnico de vocería de las instituciones en el debate público y legislativo.

Duce llamó también a estrechar vínculos con la sociedad civil, a través de mecanismos de participación en procesos claves, como la validación de políticas con impacto directo en la ciudadanía y mayor transparencia en las designaciones de autoridades.

Por último, el académico enfatizó la necesidad de mejorar los canales de comunicación con las y los usuarios del sistema, asegurando información clara, periódica y accesible, así como metas evaluables a corto, mediano y largo plazo para todas las instituciones involucradas.

Vea el video de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicail, haciendo click aquí

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