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"La solución no está en criminalizar a la defensa, ni a los medios de comunicación"

13/06/2025

Defensora Nacional ante proyecto de ley que busca sancionar penalmente la difusión de antecedentes reservados:

"La solución no está en criminalizar a la defensa, ni a los medios de comunicación"

A través de una declaración pública, Verónica Encina Vera prufundizó sobre los alcances de esta iniciativa, que busca modificar una serie de cuerpos legales con el propósito de tipificar y sancionar las filtraciones de investigaciones.

Por Verónica Encina Vera,
Defensora Nacional.

Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto de ley que busca sancionar penalmente las filtraciones en investigaciones penales es la creación de una carpeta paralela de información reservada: un repositorio de antecedentes que el Ministerio Público podrá separar del archivo principal por considerar, bajo su exclusivo criterio, que no tienen interés penal.

Este mecanismo no sólo carece de control judicial efectivo, sino que impide que cualquier interviniente —defensa, víctimas y querellantes— pueda acceder a dicha información. La defensa, además, no podrá saber si allí se oculta una declaración favorable a su representado, si se eliminó un testimonio que contradice la tesis de la Fiscalía o si se introdujeron antecedentes obtenidos ilegalmente, que luego podrán ser “blanqueados” en la carpeta visible.

Peor aún, esta carpeta ni siquiera podrá ser objeto de controversia, ya que para debatir algo ante un tribunal se debe conocer su existencia y contenido. En la práctica, se trata de un espacio opaco, sin trazabilidad ni fiscalización, que rompe con uno de los pilares del sistema acusatorio: el equilibrio entre partes y el control cruzado.

Este tipo de figura no sólo es regresiva, sino peligrosa. Nos recuerda al antiguo sistema inquisitivo, con sumarios secretos, o peor aún, a prácticas de vigilancia institucional que acumulaban información sin control.

A lo anterior se suma un segundo problema: el riesgo de criminalizar la actividad periodística. Algunos de los tipos penales propuestos utilizan verbos como “informar”, “difundir” o “divulgar”, lo que abre la puerta a que no sólo se sancione a quien filtra la información, sino también a quien la publica.

La línea entre el deber de reserva y la libertad de expresión debe estar claramente trazada. Si no se precisa que sólo se sanciona a quien, estando obligado por ley a guardar secreto, entrega la información, podríamos terminar persiguiendo penalmente a periodistas.

Desde la Defensoría Penal Pública compartimos la preocupación por las filtraciones, porque a quienes más perjudica es a los imputados, especialmente cuando los medios los exponen sin siquiera haber sido formalizados. Pero también creemos que la solución debe estar basada en datos, trazabilidad institucional y mecanismos de control, no en criminalizar a la defensa ni a los medios de comunicación.

Si realmente queremos enfrentar este problema, es indispensable dotar al sistema de herramientas de control: registros de acceso a la carpeta, auditorías, deberes reforzados para las policías y el Ministerio Público, y sanciones administrativas, evitando cualquier medida que debilite las garantías procesales o que genere espacios oscuros dentro del proceso penal.

Avanzar hacia un sistema en que sólo una parte pueda ver y manejar la totalidad de los antecedentes, sin control, es caminar peligrosamente en la dirección contraria a la justicia. Porque en democracia, el poder que no tiene límites ni fiscalización siempre es un riesgo.

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