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Defensora Nacional advierte ambigüedad en proyecto de ley que amplía concepto de flagrancia

28/05/2025

“Podría generar una norma mal definida”, explicó

Defensora Nacional advierte ambigüedad en proyecto de ley que amplía concepto de flagrancia

Durante su intervención en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Verónica Encina dijo que la propuesta genera interpretaciones dudosas.

Por Alexis Matamala Olavarría,
periodista Defensoría Nacional.

La Defensora Nacional, Verónica Encina, intervino ayer ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en el marco del estudio particular del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación como hipótesis de flagrancia.

En su exposición, la jefa nacional de la Defensoría Penal Pública señaló que, si bien la institución comparte la idea de que esta modificación propuesta por el Ejecutivo puede resultar redundante, persisten preocupaciones respecto de su redacción.

“En cuanto a lo formal de la modificación que propone el Ejecutivo, estamos de acuerdo en que resulta redundante efectivamente. Sin embargo, mantener la redacción en los mismos términos, sin explicar qué se entiende por coordinar con entidades públicas o privadas, sigue generando la misma problemática que hicimos ver en la sesión anterior”, indicó.

Encina advirtió que esta ambigüedad podría abrir un espacio peligroso para la interpretación, particularmente en lo que refiere a la participación de privados en detenciones. “Podríamos entender, entonces, que los particulares, por ejemplo, pueden coordinarse con alguna entidad pública o privada para llevar a cabo una detención. Eso, en términos amplios, como está, resulta para nosotros dudoso”, sostuvo.

La abogada también cuestionó la falta de precisión conceptual del proyecto: “No nos queda suficientemente claro qué se está entendiendo específicamente por coordinarse. Podemos entender una cosa u otra. Particularmente preocupa, reitero, la coordinación con entidades privadas”.

CONFUSIÓN POR NORMA MAL DEFINIDA
Además, insistió en que el problema central no es la falta de herramientas legales para las actuaciones policiales, sino la confusión que podría generar una norma mal definida: “Hacer presente que, con las reglas actuales, las instrucciones generales y particulares que entrega el Ministerio Público a las policías son útiles (…) y más flexibles que una norma legal. Las instrucciones, tanto generales como particulares, se pueden ir modificando en el tiempo, se pueden modificar específicamente para el caso concreto. Y eso la vez pasada lo hicimos presente y el Ministerio Público y las policías tampoco no los debatieron”, recordó.

La sesión fue presidida por la senadora Paulina Núñez y contó con la presencia de representantes del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio Público, asesores legislativos y técnicos de diversas instituciones. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se excusaron de asistir.

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