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Justicia, razón, derecho y garantías (*)

23/05/2025

Columna de opinión:

Justicia, razón, derecho y garantías (*)

El siguiente artículo, escrito por la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, fue publicado este viernes, 23 de mayo de 2025, en el diario La Segunda.

Por Verónica Encina Vera,
Defensora Nacional.

En las últimas semanas hemos observado cómo ciertas decisiones judiciales han sido objeto de cuestionamiento por parte de la opinión pública, no por sus fundamentos, sino por el gusto o disgusto que tales decisiones provocan en unos y otros, levantándose incluso un manto de desconfianza en cuanto a las “verdaderas” motivaciones de dichas decisiones, obviando que provienen de un poder independiente del Estado cuyo rol es, precisamente, resguardar los derechos de las personas y el debido proceso.

No se trata de estimar que las decisiones jurisdiccionales no deban ser comentadas o incluso criticadas. En una sociedad democrática toda autoridad está sujeta a escrutinio público y los ciudadanos gozamos del derecho fundamental a opinar, disentir y criticar a la autoridad. De lo que se trata es de relevar la importancia del respeto a la separación de poderes y del funcionamiento de las instituciones en las cuales se basa el estado de derecho.

Las resoluciones judiciales se fundan en la prueba rendida y se dictan dentro de un marco constitucional y legal que no sólo castiga al que delinque, sino que dispone un procedimiento para ello y pone límites a quien tiene el monopolio de la fuerza para investigar, protegiéndonos a todos frente a la arbitrariedad o abuso en el que se puede incurrir en el ejercicio de dicha potestad.

Así, una resolución que, por ejemplo, acoge un recurso de amparo o deja sin efecto una prisión preventiva, no es expresión de indulgencia, permisividad o señal de debilitamiento o fracaso del sistema. Por el contrario, es una manifestación del funcionamiento del mismo, en su faceta de control de legalidad del ejercicio del poder y del respeto a las garantías fundamentales que en un estado democrático se espera se resguarden, equilibrándose la persecución penal con la presunción de inocencia de quien aún no ha sido condenado y que tiene derecho a un juicio racional y justo.

Ciertamente, esta tarea compete a los tribunales de justicia, que deben pronunciarse en los casos que se presentan ante sí con prescindencia de cualquier otro elemento que no sea el mérito del proceso y el derecho vigente. Por cierto, no siempre estaremos de acuerdo con esas decisiones, pero ser ciudadanos responsables implica impedir que se alimente la sospecha o el descrédito de la institucionalidad sólo porque no compartimos (esta vez) la decisión del caso y promover, en cambio, el análisis jurídico riguroso, el debate informado y por, sobre todo, el respeto por las instituciones. La justicia es razón, derecho y garantías para todos y todas.

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