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Corte de Puerto Montt acogió amparo de la Defensoría de Los Lagos que asegura entrevistas privadas a internos e internas

28/04/2025

Para cautelar el derecho a defensa en la privación de libertad

Corte de Puerto Montt acogió amparo de la Defensoría de Los Lagos que asegura entrevistas privadas a internos e internas

La resolución ordenó a Gendarmería habilitar salas adecuadas para reuniones entre defensores públicos y personas privadas de libertad.

Por Jorge Mansilla Macías,
Defensoría Regional de Los Lagos.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional de Los Lagos en favor de más de 80 personas privadas de libertad del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de esta ciudad. La acción judicial buscaba superar las limitaciones de infraestructura que, a juicio de la defensa pública, afectaban el derecho a defensa, dado que las entrevistas de los internos con sus abogados se realizaban en espacios comunes, sin condiciones adecuadas de privacidad.

La Defensora Regional, Soledad Llorente, explicó que a pesar de múltiples instancias de diálogo, fue necesario acudir a la Corte para restituir condiciones que habían sido alteradas a partir de la pandemia, cuando se activaron formas de trabajo que restringieron la presencialidad en las entrevistas personales.

“El trabajo de la Defensoría en el penal se había transformado en una labor más hostil, en la medida que no teníamos asegurado el espacio de infraestructura y de seguridad suficiente para garantizar una entrevista de confianza con cada uno de nuestros usuarios”, dijo.

ESTÁNDARES DE DEFENSA
El fallo estimó que esta reducción de espacios -como efecto de los flujos de trabajo iniciados durante la pandemia- vulneró el derecho a defensa y el debido proceso y, por tanto, ordenó habilitar cinco salas exclusivas para entrevistas privadas, de acuerdo con las bases de licitación del recinto. También instruyó respetar de forma estricta los horarios de atención establecidos en el reglamento de visitas de abogados.

El jefe regional de Estudios de la Defensoría, Boris Hrzic, valoró el alcance de esta resolución del tribunal de alzada: “Encontramos un fallo que se adapta a las necesidades de la defensa penal pública, que tienen que ver con el derecho de defensa en su vertiente de la entrevista, de la transmisión de información en forma privada, con garantías de privacidad”, señaló.

El abogado explicó que la utilización de las oficinas para videoconferencias había afectado el normal desarrollo de las entrevistas presenciales, impactando en la agenda de defensores públicos y usuarios.

La sentencia otorgó a Gendarmería un plazo de 30 días para habilitar las nuevas salas, bajo condiciones de seguridad, dignidad y privacidad, con la obligación de informar semanalmente a la Corte sobre el estado de cumplimiento de las medidas adoptadas.

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