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23/04/2025
En la sede Valdivia de la Universidad Santo Tomas
Defensor Regional de Los Ríos difundió el "Proyecto Inocentes" ante estudiantes de derecho
Luis Soto Pozo destacó la importancia de contar con un espacio de difusión de la inocencia de personas vulneradas en sus derechos por el Estado y poder corregir los errores del sistema penal.
Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
periodista Defensoría Regional de Los Ríos.
El Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto Pozo, difundió este lunes la importancia y los propósitos del "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública ante un grupo de estudiantes vespertinos de derecho en la sede Valdivia de la Universidad Santo Tomás.
A la clase de derecho procesal -a cargo del profesor Pablo Yáñez Gómez, juez de garantía de Valdivia- se unieron estudiantes de la clase de derecho penal que imparte el profesor y defensor penal público Felipe Saldivia Ramos, contexto en que Soto Pozo explicó que se trata de una iniciativa inédita en el país, que busca divulgar la inocencia de personas que no sólo fueron imputadas, sino que debieron vivir injustamente la experiencia de la cárcel.
Según el jefe regional de la defensa pública, el proyecto también busca dar cuenta de errores que aumentan las posibilidades de que estos casos ocurran, como también de propuestas de mejora para el sistema penal que pueden disminuir significativamente esos márgenes de error.
Soto Pozo describió también el tipo de causas que ingresan a la plataforma de "Inocentes" bajo las formas de absolución, facultad de no perseverar del Ministerio Público o sobreseimiento definitivo. “Hablamos de prueba exculpatoria contundente y de un error evidente y grave de procedimiento o actuación de algún agente del Estado. No califican casos en los que no se logró acreditar que alguien cometió un delito o hubo prueba contradictoria”, aclaró.
MEJORAS AL SISTEMA PENAL
Además de revisar las causas de error que se traducen en personas inocentes presas, como la identificación errónea, la declaración falsa, la falsa confesión, los errores en procedimientos periciales, la mala conducta de agentes del Estado o de la defensa, Soto Pozo se explayó sobre lo que propone el "Proyecto Inocentes" para un mejor sistema penal en cinco ámbitos.
Sobre el registro de confesiones, dijo que es necesario adoptar medidas como la grabación de esta diligencia con medios audiovisuales, para minimizar así la posibilidad de presiones en sede policial, particularmente cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad como extranjeras, migrantes, mujeres, jóvenes, personas con baja escolaridad o con algún grado de discapacidad intelectual o psíquica.
Como segunda propuesta, detalló la necesidad de modificar los procesos de identificación, en tanto el reconocimiento visual presenta un alto riesgo de error. “En la administración de las fotografías la policía no debe saber quién es el sospechoso ni tener contacto visual con el testigo y en una rueda de personas presas éstas deben ser similares a la descripción del testigo y el imputado no debe destacar. Por último, recomendamos grabar el procedimiento, de modo que se configure una prueba legítima y sin vicios”, indicó.
Como tercera propuesta, señaló la necesidad de facilitar el acceso y extender el tiempo de preservación de evidencia en el país. “Evidencia que puede contener material biológico es desechada después de seis meses de ejecutoriado el fallo y no hay obligación legal de conservarla. Esto es tan determinante, que si surgieran técnicas científicas a futuro, la evidencia que condenó a una persona ya habrá sido destruida. Ahí la justicia ya no sirve”, enfatizó.
En cuanto a los mecanismos de corrección de errores judiciales, el Defensor Regional afirmó que el recurso de revisión ha sido en extremo restrictivo en el país, al establecer que la prueba nueva debe ser de tal entidad, que establezca la inocencia de la persona condenada. “El 'Proyecto Inocentes' propone que debiera bastar contar con antecedentes de que una sentencia se dictó con error y que éste pudo determinar la culpabilidad para que el proceso pueda revisarse”.
PAGA MOYA
Respecto de los mecanismos indemnizatorios, el abogado puntualizó que en Chile éstos son de difícil acceso, muy extensos y con costos asociados a trámites y notificaciones que la persona demandante debe asumir. “Pocas veces los resultados son favorables, lo que supone uno de los mayores obstáculos de acceso a la justicia hoy en nuestro país. Esto debe ser regulado por ley mediante un mecanismo idóneo y expedito”, propuso.
Por último, el Defensor Regional de Los Ríos informó que para aportar frente a esta suerte de vacío legal, la Defensoría Penal Pública y la Fundación ProBono mantienen un convenio de colaboración vigente, de manera que distintos estudios jurídicos puedan representar a personas que demandan al Estado y no tienen los recursos para pagar por esa representación legal en sede civil.
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