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“Nuestro compromiso es asegurar una gestión responsable y eficiente de la ciberseguridad institucional”

15/04/2025

El Defensor Nacional (s) se reunió con el director de la ANCI:

“Nuestro compromiso es asegurar una gestión responsable y eficiente de la ciberseguridad institucional”

Osvaldo Pizarro visitó las oficinas de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, contexto en que expuso ante el abogado Daniel Álvarez el interés de la Defensoría por prevenir la ocurrencia de incidentes y promover la educación en ciberseguridad.

Por Andrea González Schmessane,
Defensoría Nacional.

A pocos meses del inicio de operaciones de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que dirige el abogado Daniel Álvarez, este lunes 14 el Defensor Nacional (s), Osvaldo Pizarro, visitó las oficinas del organismo y sostuvo un nutrido diálogo con su director.

Durante el encuentro, el jefe subrogante del servicio expuso el interés que tiene la Defensoría por prevenir la ocurrencia de incidentes y promover la educación en ciberseguridad entre todas y todos sus funcionarios. Por ello, ambas autoridades coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada para avanzar en esta materia y poder enfrentar con éxito los desafíos relacionados con la transformación digital.

“Como Defensoría Penal Pública estamos avanzando en el cumplimiento de la Ley Marco de Ciberseguridad, fortaleciendo nuestra institucionalidad y adecuándonos a los principios y normativas que estructuran, regulan y coordinan las acciones en esta materia. Nuestro compromiso es asegurar una gestión responsable y eficiente de la ciberseguridad institucional”, dijo Osvaldo Pizarro.

ANCI
El nuevo organismo, que comenzó a operar en enero de 2025, se enmarca en la Estrategia de Seguridad del Gobierno, en los ejes de fortalecimiento de las instituciones, combate al crimen organizado -particularmente para enfrentar los ciberdelitos- y también en la búsqueda de acuerdos de Estado en materia de seguridad.

Entre las facultades de la ANCI está fiscalizar, regular y sancionar a instituciones prestadoras de servicios esenciales, sean públicas o privadas, en materia de ciberseguridad.

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