Sala de Prensa

14/04/2025

En dependencias de esa dirección regional

Los Ríos: equipo de Conadi conoció las características del sistema penal y el rol de la Defensoría

Tras ser presentado por la directora regional, Gaby Marihuán Colihuinca, el Defensor Regional, Luis Soto Pozo, hizo un parangón entre la justicia penal pre y post reforma procesal penal, dio a conocer la labor de la Defensoría Pública y el derecho a defensa como una garantía constitucional.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

El Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto Pozo, expuso el jueves 10 sobre el rol de la Defensoría en el sistema penal, desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, ante funcionarias y funcionarios de la dirección regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Tras ser presentado por la directora regional, Gaby Marihuán Colihuinca, el abogado hizo un parangón entre la justicia penal pre y post reforma procesal penal, dio a conocer la labor de la Defensoría Penal Pública y el derecho a defensa como una garantía constitucional.

ROL DE LA DEFENSA
Respecto del rol de la defensa penal pública, Soto Pozo explicó que las y los defensores públicos se encargan de proporcionar asesoría jurídica y resguardar los derechos de las personas imputadas desde la primera actuación en su contra hasta que se dicte una sentencia absolutoria o condenatoria, momento en que las personas pasan a ser atendidas por los equipos especializados en defensa penitenciaria.

De igual manera, el directivo institucional detalló algunos estándares de calidad de la defensa, cuyo objetivo es cautelar el debido proceso al que tiene derecho toda persona que es investigada y enjuiciada, en términos de legalidad de la prueba, información sobre diligencias investigativas y que éstas no sean sometidas a privaciones o restricciones arbitrarias de su libertad.

DELITOS FUNCIONARIOS
En el grupo surgieron inquietudes respecto de delitos vinculados a la función pública, entre los que Soto entregó detalles y alcances sobre la figura del cohecho activo y pasivo, la malversación de fondos públicos, las negociaciones incompatibles, el fraude al fisco y el enriquecimiento ilícito.

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