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Delegación de la defensa pública uruguaya visitó la Defensoría Regional Metropolitana Norte

03/04/2025

Abogadas conocieron el corazón de la defensa penal pública chilena

Delegación de la defensa pública uruguaya visitó la Defensoría Regional Metropolitana Norte

Durante dos días, dos representantes de la Asociación de Defensores Públicos de Uruguay (Adipe) fueron testigos del funcionamiento de las Defensorías Regionales y Locales que funcionan en el Centro de Justicia de Santiago, con el objetivo de conocer de cerca las estructuras y prácticas de la institución.

Por Francisco Apablaza M.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

En Uruguay, la defensa pública sólo es autónoma en sus funciones técnicas, pues depende administrativa y presupuestariamente del Poder Judicial, cuya máxima autoridad es la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Esta dependencia limita la capacidad de la defensa pública para actuar de manera completamente independiente, ya que sus recursos y decisiones están sujetos a las políticas y criterios establecidos por otro ente.

Sin embargo, el presidente de Uruguat, Yamandú Orsi, quien asumió el 1° de marzo pasado, podría cambiar esta situación, ya que en su campaña y en su programa de gobierno incorporó la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el fortalecimiento del acceso a la justicia y de la defensa pública.

Este proceso ya se desarrolló en Chile hace más de 20 años con la reforma procesal penal, que transformó profundamente el sistema de justicia penal, promoviendo mayor transparencia, eficiencia y acceso a la justicia. La instalación de esta reforma permitió también la creación de la Defensoría Penal Pública, estableciendo un modelo que separó claramente las atribuciones judiciales de las asociadas a la defensa. Gracias a estos avances, Chile ha ganado reconocimiento y admiración en Sudamérica, convirtiéndose en un referente en la región.

Por esta razón, la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos de Uruguay (Adipe), Carolina Camilo, y su secretaria general, Lucía Long, visitaron la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN) con el objetivo de conocer directamente cómo funcionaN el sistema de justicia penal y la Defensoría Penal Pública luego de una reforma que, en palabras de Carolina Camilo “es inspiradora en los pasos que hoy empieza a dar Uruguay”.

JURISDICCIÓN DE LA DRMN
La DRMN abarca 23 comunas de la Región Metropolitana que, en conjunto, suman una población total superior a los tres millones de habitantes, lo que la transforma en la sede regional del servicio más grande del país. Está compuesta por cuatro Defensorías Locales: Ñuñoa, Santiago, Lo Prado y Colina, además de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente (URPA) y el equipo de defensa penitenciaria.

En total, cuenta con 243 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 36 son defensores públicos institucionales y otros 92 están contratados a través de licitación pública. Anualmente, ingresan alrededor de 44 mil causas, muchas de las cuales tienen alta connotación pública, lo que representa el 15 por ciento del total de causas atendidas por la institución en el país.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
En esta ocasión, la Defensora Regional, Daniela Báez, encabezó un primer encuentro con las defensoras públicas uruguayas, en el que presentó la estructura y el funcionamiento operativo de las Defensorías Regionales, así como su composición organizacional.

En ese contexto, destacó la triada que lidera cada sede institucional, en este caso la Defensora Regional, la jefa de la Unidad de Estudios y la directora administrativa regional. Además, detalló las principales líneas de acción en las que se enfoca la DRMN, que incluyen una prestación de defensa jurídica de alta calidad, la atención de usuarias y usuarios, la calidad de vida laboral y la comunicación efectiva.

La jefa de Estudios, Sandra Haro, explicó que esa unidad se enfoca específicamente en la defensa desde una perspectiva técnica y tiene un papel clave en el fortalecimiento de la labor de las y los defensores públicos, aportando análisis legales, investigaciones y asesoramiento para garantizar una defensa más sólida y estratégica.

SISTEMA INFORMÁTICO Y DIGITALIZACIÓN
Para finalizar la primera jornada, Andrés Román, profesional de Estudios, y el asistente administrativo Giovanni Pérez, fueron los encargados de mostrar el funcionamiento de una de las áreas fundamentales de la DRMN: la atención de público. Esta actividad se llevó a cabo en el primer piso de la Defensoría, donde las visitantes pudieron apreciar la magnitud de la construcción y observar una de las innovaciones que más les llamó su atención: el sistema informático institucional.

En Uruguay, la información aún no está digitalizada, lo que obliga a las y los abogados defensores a trabajar en papel. Por lo mismo, el sistema informático que se utiliza en Chile se presenta como una herramienta clave para mejorar la eficiencia y organización de la labor, permitiendo un manejo más ágil de los casos y una mejor atención a las personas usuarias.

La presidenta de la asociación gremial consideró que el sistema informático y la digitalización son innovaciones para replicar: “El no uso de papel y tener esa información es algo que nos ayudará ya. Hay algunas ideas que tomamos para esto poder iniciarlo mañana y no tener que esperar una reforma”, aseguró Camilo.

EN TERRENO
Al día siguiente, la delegación uruguaya, acompañada por la directora administrativa regional, Natalia Laplechade; la jefa de Estudios y el abogado Francisco García, de esta misma unidad, realizaron un recorrido por el CJS, guiado por Gendarmería de Chile.

Durante el trayecto, pudieron conocer las instalaciones por donde circulan las personas detenidas y condenadas antes de ser llevados a sus respectivas audiencias o juicios, llamada Zona de Tránsito. También observaron el trabajo de Gendarmería y la conexión subterránea entre el CJD, la Defensoría Penal Pública y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.

La ruta concluyó en el espacio donde las y los imputados se reúnen con sus defensoras y defensores, tanto públicos como privados. Allí, la defensora local jefa de Lo Prado, Alejandra Lobos, asumió la conducción y explicó la distribución de la Defensoría Local, detallando cómo se organizan los recursos y las tareas entre las y los defensores públicos.

Luego observaron la forma en la que se desarrolla una audiencia de formalización y un juicio oral en los tribunales de justicia. De este modo, las visitantes pudieron obtener una visión más cercana de la labor en terreno de las y los defensores públicos de la DRMN.

Finalmente, el equipo de la DRMN y las defensoras públicas uruguayas fueron recibidos en el CDP Santiago Sur (la exPenitenciaría de Santiago), por el alcaide subrogante, Alex Hermosilla. Luego realizaron un corto periplo por el mítico óvalo, donde pudieron observar la actualidad del centro penitenciario, que hoy cuenta con dos canchas en su centro que permiten a los internos participar en actividades recreativas y deportivas para favorecer su bienestar mental y físico.

EL VALOR DE LA DEFENSA PÚBLICA
Las visitantes destacaron la importancia de fortalecer la defensa pública y darle un rol protagónico dentro del sistema judicial, como sucede en Chile. Según Carolina Camilo, "nos gustaría acercarnos lo máximo posible al posicionamiento que tiene la defensa pública en Chile. Pudimos observar que se valora la defensa pública de una manera que aún no ocurre en Uruguay, donde no es vista como un protagonista en igualdad de condiciones. En Chile, es evidente en la manera en que un policía, fiscal o juez trata al defensor".

Al respecto, Lucia Long comentó que “nosotros, en Adepu, estamos apuntando a una reforma estructural y absoluta, y no a una reforma en partes. Tenemos la ventaja de que, al tener una base muy baja, cualquier cosa que podamos absorber siempre va a ser positiva”.

Así concluyó una visita que, aunque tuvo como objetivo principal conocer y comprender el sistema penal chileno y su estructura interna, también facilitó un valioso intercambio directo entre dos sistemas jurídicos con realidades distintas, pero con un mismo compromiso hacia la defensa pública y el acceso equitativo a la justicia.

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