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Defensor Regional de Antofagasta: “Registramos menos ingresos, pero más prisiones preventivas”

02/04/2025

En encuentro con la prensa, Ignacio Barrientos Pardo exhibió cifras relevantes del servicio

Defensor Regional de Antofagasta: “Registramos menos ingresos, pero más prisiones preventivas”

Ante periodistas de diversos medios locales de comunicación, el directivo expuso el quehacer de la institución y su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva.

A pesar de que entre 2023 y 2024 hubo más de mil ingresos menos de personas imputadas al sistema estadístico de la Defensoría Regional de Antofagasta, la prisión preventiva se sigue aplicando con igual o mayor regularidad. Este es uno de los datos que el Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo, entregó a los periodistas que participaron en un encuentro con la prensa que se desarrolló en dependencias de la institución.

Durante la jornada, Barrientos presentó una serie de estadísticas vinculadas a la atención de personas imputadas durante 2024 y la comparación de los mismos con años anteriores, lo que permitió establecer una serie de fenómenos, como el incremento en la imputación de adolescentes en el último año, luego que tal cifra se mantuviera a la baja por casi una década.

En este sentido y respecto de la caracterización de los ingresos atendidos por las y los defensores públicos de la región, Barrientos destacó que “seguimos mirando con gran preocupación la sobreutilización de la prisión preventiva como medida cautelar, tanto por ser la más gravosa como porque muchas veces incluso es más intensiva que las penas solicitadas por el Ministerio Público y también porque se está sobre exigiendo al sistema penitenciario”, resaltó.

SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA
En relación con las cifras de personas privadas de libertad, el abogado resaltó que prácticamente todos los centros penales de la región se encuentran por sobre su capacidad máxima, generando sobrepoblación e, incluso, hacinamiento.

“En este contexto, no podemos si no advertir que las condiciones de habitabilidad de los recintos penitenciarios de la región están muy por debajo de los estándares mínimos de dignidad, por lo cual hemos desarrollado una serie de acciones tendientes a revertir esta situación, mediante la permanente solicitud de sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario en todas sus modalidades, especialmente cuando las personas están enfermas o dependen de otros para su bienestar, entre otras vulnerabilidades”, indicó.

En su encuentro con la prensa, Barrientos conversó también sobre el rol que cumple la Defensoría Regional a través de la gestión general de causas y la prestación de distintos programas de defensa especializada, que abordan las diversas características de las personas usuarias, sean migrantes, adolescentes, indígenas, mujeres, personas penalmente condenadas o, incluso, personas con problemas de salud mental o con discapacidad, entre otros grupos de especial preocupación.

“En opinión de la Defensoría Penal Pública, factores como la aprobación de proyectos que imponen el aumento de penas, la definición de nuevos delitos y la rigidización de normas penales y procesales penales inciden en el aumento de la aplicación de la prisión preventiva y, por tanto, inciden en la situación carcelaria", advirtió.

REDUCCIÓN DE BENEFICIOS
Según el directivo institucional, a ello se suma que "la notable reducción de beneficios como la libertad condicional no permite que las cárceles se desahoguen, haciendo que la situación se torne cada vez más complicada. Frente a ello, hemos desarrollado una serie de acciones tendientes a revertir esta situación, en la medida de lo posible”, destacó.

Finalmente, el Defensor Regional de Antofagasta resaltó que “si bien en 2024 se registró un menor ingreso de usuarios al sistema penal, contrariamente las cifras de prisión preventiva siguen al alza, particularmente con mayor incidencia en personas extranjeras en relación con las chilenas, lo cual no se condice con una mayor imputación a migrantes, sino porque son justamente ellos quienes tienen mayor posibilidad que los nacionales de quedar privados de libertad por falta de arraigo, entre otras razones, a pesar de sólo representar el 27 por ciento del total de los imputados atendidos en la región durante el año”, concluyó.

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