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Representantes regionales de distintas instituciones coordinan la ejecución de acuerdo sobre buenas prácticas

19/03/2025

En encuentro realizado en dependencias de la Defensoría Regional de La Araucanía

Representantes regionales de distintas instituciones coordinan la ejecución de acuerdo sobre buenas prácticas

En diciembre pasado se firmó un acuerdo interinstitucional que busca aportar al proceso de reinserción social de personas penalmente imputadas y condenadas.

Por Luis Ortiz Solís,
periodista Defensoría Regional de La Araucanía.

Con el fin de fijar los márgenes y operativizar el acuerdo de “Buenas prácticas para el respeto y garantía del privilegio de pobreza en beneficio de las personas privadas de libertad”, se realizó una reunión de coordinación insterinstitucional en dependencias de la Defensoría Regional de La Araucanía.

Se trata de una iniciativa surgida desde la Corte de Apelaciones de Temuco, que tiene como principal objetivo desarrollar un mecanismo preferente y gratuito para personas privadas de libertad en la obtención de documentos esenciales.

LOS INTERVINIENTES
Las instituciones intervinientes en este acuerdo, firmado en diciembre pasado, son las oficinas regionales de la Defensoría Penal Pública, de Gendarmería, el Registro Civil y el Capítulo Regional La Araucanía de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces. Estas últimas entidades permitirán que las y los privados de libertad puedan acceder gratuitamente a documentos requeridos en trámites que aporten a sus respectivos procesos de reinserción social.

La reunión de coordinación fue encabezada por el jefe regional de Estudios de la Defensoría, Marcelo Pizarro, y contó con la participación de la encargada regional de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), Paola Troncoso; la abogada Patricia Adam, del Registro Civil; su colega Marcia Herrera, de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y el jefe regional de la Unidad Técnica de Gendarmería, Alejandro Orrego.

Con este acuerdo, las instituciones participantes manifiestan su compromiso de garantizar el respeto y la efectividad del privilegio de pobreza consagrado en el artículo 594 del Código Orgánico de Tribunales, así como en los instrumentos internacionales ratificados por Chile, asegurando que las personas privadas de libertad -tanto condenadas como en prisión preventiva- puedan acceder sin barreras económicas a trámites judiciales y administrativos esenciales.

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