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Defensora pública de Antofagasta hizo valer los derechos de persona sordomuda

19/03/2025

Expuso ante la Corte de Apelaciones que el centro penal no cuenta con intérprete de señas

Defensora pública de Antofagasta hizo valer los derechos de persona sordomuda

Junto con la discapacidad auditiva y verbal, el imputado no sabe leer ni escribir, lo que configura un conjunto de factores que limitan el ejercicio de sus derechos mientras cumple la medida cautelar de prisión preventiva.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

La defensora pública Surima Quezada, dependiente de la Defensoría Regional de Antofagasta, logró un inédito un fallo que favorece a una persona con discapacidad auditiva y verbal que cumplía prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Nudo Uribe.

El fallo hizo eco de las particularidades del imputado, quien está acusado de un delito de tráfico en pequeñas cantidades, cuya sanción es de baja intensidad. Además, el recurso presentado por la defensa pública detalló jurisprudencia nacional e internacional y argumentos fundados en las convenciones internacionales firmadas por Chile en relación con la inclusión de las personas con discapacidad para el efectivo ejercicio de sus derechos.

NECESIDAD DE INTÉRPRETES
Al respecto, el jefe (s) de Estudios de la Defensoría Regional, Mauricio Suazo, destacó que en este caso se invocó, entre otras normas, la Ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, según la cual las instituciones públicas y privadas deberán establecer las condiciones para que las personas con discapacidad puedan acceder, concurrir y comparecer ante ellas con intérpretes de lengua de señas o guías intérpretes, según sea el caso y corresponda, previa acreditación de esta condición.

El directivo advirtió, sin embargo, que en este y otros casos estas condiciones no se cumplen al interior de los recintos penitenciarios, lo que hace imposible comunicarse con estas personas.

Suazo indicó, asimismo, que se hace necesario perfeccionar el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que, si bien regula las condiciones de reclusión, no establece disposiciones claras y obligatorias en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, todo lo cual debe interpretarse con miras a dar cumplimiento a las convenciones internacionales vigentes en Chile.

Según el directivo, en ellas se establecen que “si las personas con discapacidad se ven privadas de su libertad en razón de un proceso, tendrán, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías conforme al derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas conforme a los objetivos y principios de tales instrumentos, incluida la realización de ajustes razonables”, aclaró.

"ENCIERRO MÁS GRAVOSO"
En su fallo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta sostuvo que “la proporcionalidad de la medida cautelar que se ha dispuesto guarda relación también con el conjunto de factores personales que presenta el imputado, por tratarse de una persona sordomuda que no sabe leer ni escribir y que no cuenta al interior del penal con algún intérprete de señas que pueda permitirle comunicarse con el resto de los internos como con sus custodios, capacidades diferentes todas que tornan más gravoso su encierro”.

Finalmente, Mauricio Suazo destacó que el propio Tribunal Constitucional (Rol 7405-21 INA, 2021) ordenó a Gendarmería proveer un intérprete en lengua de señas para un interno sordo, reconociendo la omisión de "ajustes razonables" como una discriminación.

"Por tanto, entendemos que se debe seguir avanzando en materias de inclusión, como en este caso, y miramos con buenos ojos el convenio que Gendarmería firmó con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) para impartir cursos de lengua de señas chilena a los funcionarios penitenciarios, con el objetivo de garantizar una comunicación efectiva con internos sordos", comentó.

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