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13/03/2025

Osvaldo Pizarro fue entrevistado por T13

Defensor Nacional (s): “Sin la Defensoría Penal Pública no habría una institución que garantizara el debido proceso”

El abogado destacó el rol de la institución y explicó que “lo que nosotros precisamente realizamos es que se cumplan las garantías constitucionales que permitan reforzar el estado de derecho”.

Por Andrea Paz González Schmessane,
Defensoría Nacional

En entrevista con T13, el Defensor Nacional (s), Osvaldo Pizarro Quezada, se refirió al rol de la Defensoría Penal Pública y detalló que “como institución somos el contrapeso al organism que genera la persecución criminal en el sistema de justicia. Sin la Defensoría Penal Pública no habría una institución que garantizara el debido proceso -que es una garantía constitucional- y el derecho a defensa, elementos fundamentales para que el sistema de justicia funcione”.

Agregó que “más allá del resultado de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, lo importante es que sea legítima. ¿Qué significa que sea una sentencia legítima? Que, efectivamente, en el proceso de su dictación se hayan cumplido todas las garantías constitucionales y, en ese sentido, nosotros precisamente lo que realizamos es que se cumplan las garantías constitucionales que permitan reforzar el estado de derecho”.

Respecto de los cambios en la legislación en relación con endurecer la penas, el jefe nacional del servicio aseveró que “desde su creación y desde la puesta en marcha de la reforma procesal penal, la Defensoría ha sido una institución que ha enfrentado los bemoles o coletazos asociados a los discursos de seguridad pública, en orden a que es una institución que defiende a los delincuentes y que avala la puerta giratoria, que es una institución que va contra el sistema de Justicia y que es una institución que no coopera y se abanderiza por la delincuencia", advirtió.

"DISCURSOS TOTALMENTE EQUIVOCADOS"
Según Pizarro, se trata de "elementos o discursos que están absolutamente equivocados y lejanos a la realidad. Ello, porque lo que la Defensoría Penal Pública hace es, precisamente, garantizar que cualquier persona, sin ningún tipo de distinción, pueda enfrentar el juzgamiento y la imputación criminal respetándose las normas del debido proceso. Eso es lo que nosotros hacemos”, reforzó.

Y añadió: “El Ministerio Público es un ente autónomo, constitucionalmente independiente, que tiene todo el poder, todos los auxiliares del sistema de justicia, a todas las policías destinadas a perseguir y generar la imputación de una persona. Y frente a eso, se necesita un contrapeso y el contrapeso es la Defensoría Penal Pública”.

Respecto del argumento de la opinion pública en cuanto a que los delincuentes tendrían más derechos que el resto de los ciudadanos, el Defensor Nacional (s) dijo enfático que “esa premisa es falsa”.

“El sistema de justicia criminal funciona bajo la lógica de equilibrios y estos equilibrios están bastante compensados dentro del sistema. Es decir, la persona a la que se le imputa criminalmente la comisión de un delito tiene un catálogo de derechos que, efectivamente, todos los intervinientes tienen el deber de respetar y, particularmente los defensores, plantear ante los tribunales”, afirmó.

PRERROGATIVAS Y CONTROLES
En la misma línea, añadió que “el Ministerio Público también tiene una serie de prerrogativas en el uso de la investigación”, tras lo cual detalló que “puede desde realizar diligencias o medidas de investigación que no afectan derechos de las personas y puede realizar y ejecutar una serie de medidas intrusivas que afectan garantías constitucionales”.

“Necesariamente, esa dinámica del sistema de justicia está controlada, en el rol que cada uno de estos intervinientes tiene, por los tribunales de justicia, particularmente los jueces de garantía, que controlan las primeras etapas o las etapas tempranas de una investigación. Por lo tanto, esa apreciación y percepción es falsa", finalizó el abogado.

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