Sala de Prensa

27/01/2025

El encarcelamiento como forma de violencia contra la mujer

Columna de opinión escrita por la Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas Varas, publicada en el diario El Mercurio Legal.

Uno de los grandes logros de los movimientos feministas ha sido visibilizar la violencia de género contra la mujer y levantar un discurso en contra de toda forma de discriminación contra nosotras. Quienes trabajamos en la defensa penal pública sabemos que las mujeres privadas de libertad son un grupo particularmente vulnerable, pues han sufrido violencia en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, aún no somos conscientes de que el encarcelamiento conlleva el ejercicio de violencia y discriminación.

Recientemente, Chile rindió examen ante el Comité de la Cedaw, el que manifestó su preocupación por el elevado número de mujeres encarceladas, especialmente por delitos de la Ley de Drogas, la sobrerrepresentación de mujeres extranjeras e indígenas condenadas en virtud de la legislación sobre drogas, la falta de avances en la revisión del proyecto de ley que permite modificar la prisión preventiva y sustituir penas para mujeres embarazadas o madres de niños menores de dos años, y las dificultades que enfrentan las internas —especialmente las mujeres transgénero, migrantes e indígenas— para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Los datos con los que contamos son alarmantes. La proporción carcelaria entre personas condenadas y en prisión preventiva indica que en 2005 la proporción a nivel nacional en el régimen cerrado de Gendarmería era de un 34,5 por ciento de presos en prisión preventiva y un 65,5 por ciento de condenados, pero después de múltiples reformas al sistema penal, en 2022 esa proporción nacional ascendió a un 52,2 por ciento de presos preventivos y solo a un 47,8 por ciento de condenados.

Lo más preocupante: si desagregamos por sexo esos mismos datos, las mujeres el día de hoy se encuentran en una peor situación, pues el 60,2 por ciento del total nacional estaba en prisión preventiva y solo un 39,8 por ciento cumplía condena.

Otro dato que debería obligarnos a reflexionar: las migrantes perseguidas por el sistema penal son muy pocas. De un total de casi 269 mil ingresos en 2022, la Defensoría Penal Pública atendió a solo 2 mil 909 mujeres extranjeras, esto es, cerca del 1 por ciento de las causas, siendo las lesiones (946) y los delitos de drogas (652) los principales delitos imputados.

De ellas, 559 estuvieron en prisión preventiva, es decir, un 19 por ciento, lo que representa casi el quíntuple de la tasa de encarcelamiento del resto de las mujeres (4,5 por ciento). Además, los efectos de la privación de libertad para ellas son mucho más intensos, porque afectan a sus hijos e hijas, quienes quedan sin el soporte de cuidados y afecto que necesitan, y porque no tienen redes que las acompañen.

Estrategias de visibilización

De ahí que la Defensoría ha elaborado distintas estrategias para visibilizar esta violencia. Por un lado, instar a que se aplique un enfoque diferenciado por su especial situación de vulnerabilidad, que se debe considerar normativamente antes de decretar una prisión preventiva o al imponerse una pena o su forma de cumplimiento, como reconoció la Corte Suprema en un reciente fallo de 27 de septiembre de 2024 (Rol 47.447-2024).

Por otro lado, preocuparnos de que se cumplan estándares mínimos de habitabilidad e infraestructura sanitaria en las cárceles, lo que también ha sido reconocido por el máximo tribunal, en causa Rol 46.375-2024, y que afecta a 174 mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario Biobío.

Sin embargo, en esta tarea debemos involucrar al resto de las personas, porque cuando decimos que los derechos son para todos y todas, no podemos excluir a las presas.

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