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“La mujer privada de libertad no deja de ser madre o jefa de hogar”

03/12/2024

Jefe de Estudios de la Defensoría Nacional expuso en seminario internacional sobre acceso a la justicia:

“La mujer privada de libertad no deja de ser madre o jefa de hogar”

Pablo Aranda participó como panelista en el encuentro regional organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Por Andrea González S.,
Defensoría Nacional.

Este lunes 2, el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda Aliaga, participó en el 'Encuentro regional: avanzando hacia un convenio iberoamericano de acceso a la justicia', organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Durante el encuentro, el abogado expuso en el panel "Acceso a la justicia en Chile: la mirada de las instituciones", donde debatió junto a Alejandro Soto, director de Estudios de la Corte Suprema; Alejandra Seguel, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público; Oriella López, jefa del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Carolina Fernández, directora de la Corporación de Asistencia Judicial, y Valentina Salas, jefa de Gobernanza y Territorio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile.

POPULISMO PENAL Y PROCESAL
Durante su intervención, el jefe de Estudios del servicio abordó la serie de obstáculos que enfrentan los ciudadanos en materia de acceso a la justicia y afirmó que existe “una oleada de populismo penal y populismo procesal cada vez más duro”.

“La solución ha sido agravar penas, automatizar la prisión preventiva, limitar las penas sustitutivas y disminuir las posibilidades de libertad condicional. Es decir, todo nuestro proceso penal ha sido disminuido en el rango de decisión que tienen un juez, que tiene un tribunal, en pos de la seguridad. ¿Cuál es el problema de eso? Que parece que no nos está dando resultado, en la región, controlar el delito o la delincuencia de esa manera”, advirtió.

En la misma línea, aseguró que “en el ámbito penitenciario, tenemos una deuda enorme en dos ámbitos: lo que es violencia institucional carcelaria, esto es, delitos que no se investigan, que nadie conoce, una cifra negra altísima. Delitos contra la integridad física y psicológica de muchos internos e internas en nuestras cárceles latinoamericanas y el enfoque de género... Las cárceles no fueron hechas para mujeres y no contemplan realmente el enfoque de género”.

Según el abogado, “hoy, solo en Chile, hay cerca de 120 niños lactantes con sus madres y más de 40 mujeres embarazadas en lugares que no resisten un mayor análisis respecto de las garantías de salubridad que se les están dando, y eso es un patrón común en Latinoamérica, lamentablemente”, detalló.

CÁRCELES DISEÑADAS PARA HOMBRES
Aranda profundizó su reflexión y sostuvo que, como las cárceles siempre fueron diseñadas para hombres, "las mujeres quedan en algún modulo pequeño o algún container habilitado para tales efectos. Eso, además, trae aparejado menos horas de patio, menos programas de reinserción social, menos acceso a talleres y actividades. Y la complejidad respecto de las visitas (…) porque las mujeres, al menos en las cárceles chilenas, carecen de visitas. La pareja deja de existir, deja de ser permanente y son sus familiares más directos los que llevan a los niños a visitar a sus madres”, señaló.

El directivo institucional evidenció también la falta de enfoque de género al mencionar que se sanciona a las mujeres por la tenencia de celulares al interior de las cárceles “cuando, efectivamente, las estafas telefónicas siempre son hechas por varones (...) La mujer llama por teléfono para controlar lo que está ocurriendo en su casa, porque estando privada de libertad, no deja de ser madre o jefa de hogar, cosa que el varón efectivamente abandona inmediatamente en casos similares”, aseguró.

COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS
Pablo Aranda concluyó que el sistema penal “no es un sistema independiente, está concatenado con lo que ocurre en las sociedades latinoamericanas y qué mejor que celebrar un convenio iberoamericano donde podamos compartir lo mejor de lo nuestro. Por ejemplo, tomar ámbitos de lo que ha hecho Costa Rica en justicia juvenil, lo que ha hecho Colombia en justicia indígena y lo que ha hecho Argentina en materia penitenciaria”.

“Con el populismo penal y procesal en materia legislativa que actualmente enfrentamos, el acceso a la justicia va teniendo un espacio menor y hay que recurrir precisamente a esta colaboración interinstitucional, para que el acceso a la justicia termine siendo respetado, sobre todo porque en el sistema penal, la mayoría de los ingresos corresponden a personas en situación de pobreza y extrema pobreza”, puntualizó.

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