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29/08/2025
Defensora Nacional:
“Sostener por 25 años más el sistema procesal penal pasa necesariamente por entender que no puede seguir desequilibrándose”
Verónica Encina expuso en el seminario "25 años de la reforma procesal penal en Chile", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
Por Alexis Matamala,
Defensoría Nacional.
En el marco del seminario "25 años de la reforma procesal penal en Chile", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, advirtió sobre los desafíos actuales que enfrenta el sistema de justicia penal y llamó a fortalecer la autonomía de la Defensoría Penal Pública.
Durante su intervención, señaló que, lejos de fortalecerse el presupuesto de la institución, “se nos ha disminuido constantemente”. Aun así, enfatizó que “la Defensoría es el garante de los derechos de las personas frente al poder punitivo”.
Esto, según dijo, resulta cada vez más riesgoso, ya que “las facultades intrusivas son mayores, las penas de los delitos son más altas y la prisión preventiva crece, asimilándose –peligrosamente- a las mismas cifras que teníamos antes de la reforma procesal penal”.
La autoridad recordó que, antes de la reforma, existía un consenso transversal respecto de que era inaceptable que hubiese más personas privadas de libertad en prisión preventiva que condenadas: “Nos estamos acercando a esas cifras peligrosas, pese a que tenemos un sistema que –supuestamente- regula y resguarda aquello. En ese escenario, la Defensoría se transforma en el gran puntal para los derechos fundamentales, pero el sistema le debe la autonomía y en eso nos encontramos trabajando”.
UN SISTEMA EN RIESGO
Encina advirtió sobre la necesidad de comprender el carácter sistémico del proceso penal: "Primero, hay que recordar lo importante que es el sistema procesal penal en un estado de derecho y, en segundo lugar, no debemos olvidar que es un sistema. Por lo tanto, toda modificación, todo cambio que se haga, debe mirarse sistémicamente”.
En su reflexión se refirió también a la próxima instalación de la Fiscalía Supraterritorial, haciendo un llamado al equilibrio del sistema. “Muy pronto nos enfrentaremos a una Fiscalía Supraterritorial, y no tenemos juzgados de garantía que vayan a cubrir ese nuevo funcionamiento, no tenemos Defensoría Supraterritorial, no sabemos cómo se va a implementar eso, no tenemos presupuesto paralelo. Es decir, es un desafío para todas las instituciones, pero que se aborda desde una sola”.
La Defensora Nacional agregó que “esto no es culpa del Ministerio Público, sino de que nuestros legisladores no comprenden la relevancia que tiene mirar esto desde un punto de vista sistémico”.
DESAFÍOS PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS
Para la jefa nacional de la defensa pública, sostener el sistema en el tiempo requiere equilibrio: “Sostener por 25 años más el sistema procesal penal pasa, necesariamente, por entender que no puede seguir desequilibrándose, que es imprescindible que -además de cobertura de defensa- tengamos calidad de defensa, tengamos defensores autónomos, tengamos legislaciones que miren el sistema como tal”.
En otro momento de su intervención, Encina abordó los riesgos que enfrenta la vigencia de las garantías fundamentales: “En la medida que no exista valoración pública del sistema, que las escuelas de derecho formen abogados conscientes y claros de lo relevante que son las garantías fundamentales, el debido proceso, el derecho de defensa, la separación de poderes y el estado de derecho, esto seguirá estando permanentemente cuestionado”.
“Nos ha tocado estar permanentemente yendo al Congreso a los debates legislativos, en los cuales las garantías del debido proceso son percibidas prácticamente como una amenaza por nuestros legisladores. No estamos hablando de gente, estamos hablando de nuestros legisladores, senadores, diputados, que creen que no es una gracia para el país resguardar los derechos de las personas y el debido proceso”, advirtió.
Por último, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública aseguró que es necesario seguir manteniendo el debate y reflexión en torno a la reforma procesal penal, “y que no nos quedemos tranquilos con los avances, sino que hagamos la reflexión de fondo e instauremos, allí donde corresponde, los límites de lo inaceptable: que no podemos volver atrás”.
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