:: Defensoría Penal Pública ::

Sala de Prensa

28/08/2025

Columna de opinión:

Autonomía

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno Alfaro, fue publicado en el diario La Estrella de Arica.

Por Sergio Zenteno Alfaro,
Defensor Regional de Arica y Parinacota.

En la última cuenta pública regional, con la presencia de nuestra Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, se reforzó un mensaje: la Defensoría Penal Pública requiere autonomía para desarrollar plenamente su labor.

Creada en 2001, vinculada al Ministerio de Justicia como un organismo relacionado, la Defensoría cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero su accionar sigue condicionado por esa relación administrativa. En los hechos, su independencia descansa más en decisiones coyunturales que en garantías normativas sólidas, lo que genera una autonomía limitada e insuficiente para una institución de esta relevancia.

Su rol en democracia es indiscutible: asegura el respeto al debido proceso, protege a quienes enfrentan causas penales —en su mayoría personas en situación de vulnerabilidad— y legitima las condenas, al garantizar defensa técnica especializada. Pese a ello, es el único pilar de la trilogía penal (persecución, juzgamiento y defensa) sin autonomía constitucional, a diferencia del Ministerio Público y el Poder Judicial.

La falta de independencia también repercute en la confianza ciudadana. Si la Defensoría permanece bajo la órbita administrativa del Ejecutivo, su capacidad de entregar opiniones técnicas sobre políticas criminales, reformas legales o el sistema penitenciario puede verse condicionada. Y, sin embargo, es precisamente esa visión especializada la que enriquece el debate público con datos, experiencia y una perspectiva única desde la defensa.

La necesidad de autonomía ha sido respaldada por organismos internacionales. Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA han reiterado que la independencia de las defensorías públicas es condición básica para garantizar la igualdad ante la ley. Incluso, la relatora Margaret Satterthwaite advirtió que la falta de autonomía “puede socavar la confianza de sus usuarios”.

La Defensoría Penal Pública representa al 90 por ciento de los imputados en Chile. Dotarla de autonomía institucional y financiera no es un privilegio, sino una obligación democrática. Sin defensa independiente no hay debido proceso, y sin debido proceso no hay estado de derecho.

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