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Sistema de justicia y Defensoría Penal autónoma

07/07/2025

Columna de opinión:

Sistema de justicia y Defensoría Penal autónoma

El siguiente artículo fue redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Un sistema de justicia robusto es de crucial importancia para una democracia, ya que sustenta eficazmente el estado de derecho, garantiza el acceso a la justicia de todas las personas sin discriminación y salvaguarda la igualdad material ante la ley, evitando así que los poderes políticos y económicos alteren el complejo equilibrio del ámbito jurídico, vulnerable sobre todo en tiempos de volatilidad política y amenazas autoritarias.

Lo anterior sólo es posible si los sistemas de justicia y los operadores gozan de una adecuada independencia y autonomía respecto del poder político y son reforzados en su labor esencial de protección de los derechos fundamentales de la población, sobre todo en el ejercicio concreto de las garantías de los grupos en mayor riesgo social y los colectivos más vulnerables.

Justamente para cautelar la independencia de magistrados y abogados que conforman los sistemas de justicia, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en 1994, creó la figura de un relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, luego de constatar el ataque permanente contra la independencia que sufren jueces, abogados y funcionarios judiciales que conlleva un detrimento del ejercicio jurisdiccional y la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos de las personas.

Recientemente se dio a conocer el informe sobre Chile de la Relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, luego de la visita oficial efectuada al país el año pasado. En dicho informe, la Relatora aboga por dotar de plena autonomía a la Defensoría Penal Pública, es decir de una autonomía financiera e institucional, señalando que la actual estructura puede presentar vulnerabilidades potenciales y provocar desconfianza en los usuarios.

En efecto, hoy nuestra justicia penal presenta un desequilibrio evidente, ya que tenemos un poder del Estado como el Poder Judicial, un Ministerio Público autónomo y a la Defensoría como un servicio público bajo control y supervigilancia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que simbólica y funcionalmente se traduce en una posición desmedrada per se, pero que, además, dicha asimetría se verifica en otros aspectos, como en la facultad de incidir con total independencia en el debate de las políticas públicas en el ámbito penal y penitenciario y -por cierto- en el área financiera y presupuestaria.

Por eso, como Defensoria Penal Pública hemos mantenido indeleble la aspiración a una autonomía institucional, ya que en tiempos donde la deslegitimación de la justicia y la crisis de seguridad son amenazas a la democracia y el estado de derecho, lo crucial es fortalecer las instituciones que funcionan, fomentar el acercamiento de la ciudadanía a los servicios que dan soluciones a sus necesidades, que defienden concretamente sus derechos y promover equilibrios virtuosos en busca de la protección de las garantías personales de todas y todos.

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