08/08/2024
columna de opinión:
El juicio penal contra personas inimputables
El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Aysén, fue publicado en el diario El Divisadero el pasado 11 de julio.
Por Jorge Moraga Torres,
Defensor Regional de Aysén.
Es una opinión compartida que los orígenes y el aumento de la delincuencia encuentran su raíz en diversos factores, situaciones y condicionantes personales, familiares y socioculturales.
Si bien el oportuno e íntegro acceso a las prestaciones en materia de salud constituye un derecho esencial de todas las personas, en la práctica, lamentablemente, no todos pueden ejercer este derecho de manera plena, ya sea por problemas de índole económica o por carecer de la necesaria información al respecto. Esta situación es especialmente sensible y difícil de resolver en la población más vulnerable de nuestra sociedad.
En nuestra experiencia como defensores penales públicos, en la región de Aysén vemos a diario a personas que son atendidas por nuestra institución en calidad de imputadas o condenadas y que presentan serios problemas de salud; muchos de ellos, problemas de salud mental. Estas deficiencias en la atención de salud que reciben -la que muchas veces llega a su total ausencia- se constituyen en factores que indudablemente han de operar como potenciadores de futuras conductas delictivas.
Me refiero a problemas relacionados con las adicciones (alcohol y/o drogas ilícitas), o bien problemas psicológicos, que varían desde un desorden puntual hasta patologías severas, generando problemas al individuo afectado para interactuar sanamente en la sociedad, en sus entornos familiares y laborales. Lo anterior muchas veces se expresa en una alta agresividad, escasa tolerancia a la frustración, problemas para comunicarse efectivamente, incapacidad de distinguir el bien del mal y/o de acatar las normas de convivencia, etc.
En la medida que nuestro sistema de salud funcione con eficacia para abordar estos temas, disminuirá indudablemente la ocurrencia de aquellos delitos relacionados, directa o indirectamente, con estas adicciones o consumos problemáticos.
Por otra parte, la situación de las personas inimputables es un tema que debemos abordar de manera adecuada como sociedad, y en la administración de justicia, en particular.
Cuando quienes debieran permanecer en un recinto siquiátrico durante el desarrollo de un proceso penal seguido en su contra -atendido su cuadro de enfermedad mental y a la espera de la realización de los necesarios peritajes- son ingresados a recintos carcelarios ordinarios, naturalmente destinados y en condiciones de recibir a personas sin cuadros de total o parcial inimputabilidad por su condición mental, se torna completamente ilusoria la posibilidad de que estas personas reciban un tratamiento adecuado, en un entorno seguro para sí mismo y para el resto.
La sociedad toda se debe involucrar en esta problemática, considerando que su impacto va mucho más allá de la salud pública, repercutiendo en otros ámbitos que también son de la mayor significación, como resultan ser la seguridad de las personas, su normal convivencia y, por cierto, la futura comisión de delitos.
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