Sala de Prensa

11/04/2019

El objetivo del encuentro fue reforzar las relaciones Interinstitucionales

Defensor Regional de Atacama se reunió con el fiscal judicial de la Corte de Copiapó

“Ambos organismos nos esforzamos y capacitamos constantemente para servir y trabajar mejor por las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de nuestra región”, destacó Raúl Palma.

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

Con la finalidad de generar un mutuo conocimiento entre ambas instituciones y promover un acceso más fluido a la justicia de las personas que requieran atención en el ámbito penal, el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, se reunió con el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Carlos Meneses Coloma.

Durante el encuentro, ambos abordaron el compromiso de ambas instituciones por mejorar su labor en los centros de cumplimiento penitenciario de la región y la importancia de que las personas privadas de libertad reciban un trato digno y cumplan sus condenas en recintos adecuados para ello.

“En la Defensoría Penal Púbica trabajamos para que las personas que se encuentran privadas de libertad en los centros penitenciarios de la región puedan tener una situación de dignidad durante el cumplimiento de sus condenas o medidas cautelares, lo que no siempre es fácil, atendiendo la situación de los recintos penitenciarios de Atacama. Pero ese es nuestro primer deber y orientación en nuestro trabajo diario”, destacó Palma. 

RELACIÓN ACTIVA
El fiscal judicial, en tanto, explicó que la Defensoría Regional y la Corte “mantenemos una relación activa. La Fiscalía Judicial no solo se preocupa de que las condenas sean correctamente aplicadas y sean cumplidas por los condenados, sino que también pone énfasis en que sean cumplidas bajo estándares de respeto por los derechos humanos, que incluso quienes se encuentran privados de libertad deben gozar".

Meneses añadió que el cumplimiento de las penas bajo el estándar admisible de los derechos humanos "implica que la Fiscalía Judicial deba denunciar cualquier atropello cometido en los penales o poner a disposición de la Defensoría o la autoridad que corresponda los antecedentes para permitir una corrección rápida, inmediata y fluida de las necesidades de las personas sometidas a prisión".

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