Sala de Prensa

11/06/2018

Defensor Regional de Aysén

“Una defensa pública fuerte y autónoma es imprescindible para volver a equilibrar al sistema”

Jorge Moraga Torres efectuó estas declaraciones en el marco de Balance Regional de Gestión que resumió los aspectos más relevantes del trabajo de la Defensoría Penal Pública en la Región de Aysén durante el año 2017. Además de la entrega de datos y estadísticas locales, su discurso giró en torno a la presunción de inocencia y el derecho a defensa. En la ceremonia se exhibió parte de las obras que componen la serie “Enrejados” de Ramiro Bahamonde.

Por: Valeska Olavarría G.
Periodista. Defensoría Regional de Aysén

2 mil 542 personas atendidas durante el año pasado, 424 de ellas mujeres.  2 mil 900 delitos investigados, 160 adolescentes atendidos y la participación en más de 8 mil audiencias y 143 juicios orales, son algunas de las estadísticas que resaltó el Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga Torres, en la ceremonia de Balance Regional de Gestión realizado el pasado jueves en el auditorio de la Biblioteca Regional en Coyhaique.

Sin embargo, las estadísticas de gestión 2017 no fueron las únicos aspectos destacados por Moraga ya que en su discurso se refirió a la necesidad de fortalecer en nuestra sociedad el principio de inocencia “lamentablemente, tanto las estadísticas de la Defensoría Penal Pública como aquellas de otras instituciones nos muestran que hoy en nuestro país estamos haciendo una excesiva aplicación de esta extrema medida cautelar, sacrificando de esta manera el principio de inocencia” señaló.

Tal como han enfatizado investigadores del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, la aplicación de la prisión preventiva en Chile aumentó un 40,7% en los últimos 10 años, pasando de 63 a casi 89 personas bajo tal cautelar por cada 100.000 habitantes. Subsecuentemente, esta medida cautelar incrementó su relevancia dentro del sistema penal global, pasando de representar a nivel nacional un 33,4% del total de personas privadas de libertad en el año 2016, al 35,3% en el año 2017.

Chile es el país con la tasa más alta de encarcelados de América del Sur, ocupando el cuarto lugar de este ranking, entre las naciones que integran el OCDE, con 237 presos por cada 100 mil habitantes, ámbito en que sólo es superado por Estados Unidos, Israel y Turquía.

“Debemos aspirar –señaló el Defensor Regional- a destronar la reclusión carcelaria de su papel de pena principal y paradigmática, transformándola en una sanción excepcional, limitada a las ofensas más graves contra los derechos fundamentales, como lo son la vida o la integridad corporal”, señaló.

Asimismo comentó que es necesario ampliar el espectro de posibilidades y oportunidades de ingreso a mecanismos alternativos de resolución de los conflictos penales, reforzando por ejemplo el arco de delitos que habilitan el acceso a los tribunales de tratamiento de drogas o ampliando las posibilidades para que muchos internos de bajo compromiso delictual.

Gestión 2017

Entre los datos destacados, el Defensor Regional comentó que la ejecución presupuestaria alcanzó al 99,7%

De los 2 mil 900 delitos investigados, el 21% correspondió a delitos contra la Ley de Tránsito, la mayoría de ellos conducción en estado de ebriedad, en alguna de sus modalidades. En segundo lugar de ocurrencia figuraron las lesiones con un 20,3% y en tercer lugar los delitos contra la Libertad e Intimidad de las personas, con una presencia del 11,8%.

Delitos de alta connotación pública tales como delitos sexuales, robos violentos y homicidios registran una incidencia del 2,1; 1,4 y 0,6%, respectivamente, del total regional de delitos ingresados durante el 2017.

“Esta estadística –comentó el Defensor Regional- nos muestra una región en donde, si bien ocurren hechos delictivos, estos en su gran mayoría son de menor violencia y pueden ser evitados con políticas públicas efectivas, particularmente en el ámbito de la educación y las oportunidades laborales”, explicó.

Defensas especializadas

Jorga Moraga se refirió también a las defensas especializadas que desde hace varios años la Defensoría Penal lleva adelante para cubrir los segmentos sociales más vulnerables como son los adolescentes, mujeres, indígenas, privados de libertad, extrajeros e inimputables.

Así, señaló que el 5,1% de los imputados atendidos durante el año que pasó, en la región de Aysén, reconocen tener una ascendencia indígena,” este porcentaje no es menor –comentó el Defensor Regional- a la luz de las estadísticas nacionales, las que arrojan para el año 2017, una composición de usuarios de origen indígena que alcanzó el 2,4% del total de personas atendidas”, dijo.

Respecto de los migrantes, en la región de Aysén el 0,8% del total de usuarios correspondió a extranjeros. “Si se considera que según el último censo en nuestra región el 2% de la población es extranjera, se desmitifica, una vez más, la creencia de que los procesos migratorios traen aparejados aumento en los niveles de delincuencia” explicó el Defensor Regional.

En cuanto al ingreso por género, del total de  personas atendidas el 16,7% fueron mujeres, estadística que ha ido aumentando con el paso de los años.

Del total de personas representadas en la Región de Aysén durante el 2017, el 6,3% fueron adolescentes entre 14 y 17 años de edad. De ese universo de menores de edad, 126 jóvenes, el 78,8% tenía entre 16 y 17 años.

El ingreso anual de causa imputado adolescente, al contrario de lo que ocurre en el caso de las mujeres, viene presentando una baja sostenida en el tiempo. Esta tendencia se da a nivel nacional, pero en nuestra región se percibe con mayor intensidad.

Por otra parte, el programa de defensa penitenciaria durante el año 2017 atendió al 91% de las personas que cumplen condena privativa de libertad en alguno de los cinco recintos penitenciarios  de la región de Aysén.

Desafíos

Para los meses venideros, el Defensor Regional planteó como desafíos concretar el proyecto de carpeta digital, que eliminaría las carpetas en papel usando en cambio un soporte digital donde el defensor pueda encontrar toda la información y documentación relevante de una causa.

Por otra parte considera asumir, como una de las regiones pioneras, una adecuada ejecución -desde la perspectiva de la Defensoría Penal Pública-  de la ley 21.057 que regula la realización de la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial, con el objeto de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de ciertos delitos.

Y por último implementar adecuadamente el Tribunal de Tratamiento de Drogas en nuestra región, como una forma distinta de abordar la solución de un conflicto penal.

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