Sala de Prensa

13/04/2018

Defensor Nacional en su balance de gestión 2017:

“Existe un uso irracional de la prisión preventiva, que se ha instalado como condena anticipada”

Andrés Mahnke pidió trabajar en conjunto para reequilibrar el sistema de justicia y recuperar la confianza de la ciudadanía, regular las atribuciones discrecionales de las policías para evitar vulneraciones de derechos como las ocurridas en la ‘Operación Huracán’ y reenfocar la persecución penal hacia la reinserción y rehabilitación social.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

En el contexto de la ‘Tercera Feria de Derechos Ciudadanos’ que organiza la institución, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke entregó ayer, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, un balance de la gestión desarrollada por la Defensoría Penal Pública durante el año pasado.

Ante una audiencia en que estaban presentes el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, entre otras autoridades e invitados, Mahnke centró su discurso en los desequilibrios del sistema de justicia penal que afectan el derecho a defensa y, sobre todo, a la presunción de inocencia.

Explicó, por ejemplo, que las personas que han debido cumplir prisión preventiva aumentaron de 15 mil 369 en 2006 a 30 mil 981 en 2017, mientras que los inocentes que cumplieron la misma medida cautelar el año pasado aumentaron a 3 mil 100, debido -entre otras razones- “a agendas cortas y otras modificaciones legales, que han debilitado los contrapesos iniciales contenidos en la reforma procesal penal vigente desde hace 18 años”.

Según Mahnke, tales cambios “han permitido un uso irracional de la prisión preventiva, una ampliación progresiva de las atribuciones discrecionales de las policías, una rigidización del marco de interpretación legal y de determinación de penas de los jueces y una limitación  del efecto de circunstancias atenuantes o de la posibilidad de acceder a penas alternativas en el mundo libre, entre otras cuestiones”.

‘OPERACIÓN HURACÁN’ Y LEY ANTITERRORISTA
En referencia directa a la necesidad de regular mejor las atribuciones policiales no sujetas a controles adecuados, el Defensor Nacional criticó las vulneraciones de derechos ocurridas a propósito de la cuestionada ‘Operación Huracán’ y sus casos relacionados, cuyos “nefastos efectos no sólo han dañado seriamente la legitimidad y valor público de una institución tan importante como Carabineros de Chile, sino que han instalado un legítimo manto de duda sobre la credibilidad de todo el sistema de justicia”, sostuvo.

Para Andrés Mahnke, “lo ocurrido muestra también el daño que puede provocar cualquier actor relevante del sistema procesal penal o de sus organismos colaboradores cuando actúa sin sujeción a controles adecuados y sin los debidos contrapesos, tanto para las garantías y derechos de los afectados, como para el éxito y eficacia de la persecución penal, que se sostiene precisamente en los antecedentes que recibe de la investigación”.

En la misma línea, el Defensor Nacional llamó la atención en torno al peligro de que las anunciadas modificaciones de la Ley Antiterrorista motiven “nuevas vulneraciones de derechos y eventuales abusos policiales contra personas que, en su mayoría, sufren altos niveles de pobreza, segregación y vulnerabilidad social”.

Añadió que “el uso de técnicas investigativas especiales, como testigos protegidos, agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas, interceptación de comunicaciones o la figura del llamado ‘cooperador eficaz’ importan el grave riesgo de afectar sin control las libertades y garantías de toda la población”.

VISIÓN SISTÉMICA, CONFIANZA Y REINSERCIÓN
A partir de los problemas de legitimidad que enfrenta el sistema de justicia y la extendida pero errada visión de que sólo la cárcel, la ampliación de las facultades policiales y el endurecimiento de las penas permitirán resolver la delincuencia, el Defensor Nacional pidió diversificar el foco de la persecución penal, no buscar sólo el castigo retributivo y recoger la visión de todas las instituciones involucradas en este tema.

“La ecuación es simple: a más cárcel, mayor reincidencia (…) Hablamos, en cambio, de ampliar el espectro de posibilidades y las oportunidades de ingreso a mecanismos alternativos de resolución de los conflictos penales, reforzando por ejemplo el arco de delitos que habilitan el acceso a los tribunales de tratamiento de drogas o ampliando las posibilidades para que muchos internos de bajo compromiso delictual puedan incorporarse a mecanismos de justicia restaurativa”, aseguró.

Mahnke mencionó también algunas preocupantes cifras de un reciente estudio de percepción encargado por la Defensoría a expertos de la Universidad Católica. Por ejemplo, dijo que el 71 por ciento de las personas consultadas cree que en Chile la justicia no es igual para todos, que el 21 por ciento piensa que todos los acusados de cometer un delito tienen acceso a un juicio justo y que sólo el 15 por ciento considera que el sistema de justicia condena correctamente a los culpables y absuelve a los inocentes.

“Planteamos nuestra disposición y voluntad para trabajar coordinadamente con el resto de los actores intervinientes del proceso penal, a fin de lograr modificaciones que permitan corregir estos desequilibrios con una mirada sistémica”, señaló.

TERCERA FERIA DE DERECHOS
Tras las palabras del Defensor Nacional se inauguró la ‘Tercera Feria de Derechos Ciudadanos’, en la que una veintena de servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil y ONG vinculadas a la protección de derechos atendieron las necesidades y requerimientos del público presente.

La actividad culminó con una charla magistral del abogado estadounidense Jerome Buting, quien representa en Estados Unidos a Steven Avery, un ciudadano de Wisconsin que pasó 18 años en prisión por un crimen que no cometió, hasta que una prueba de ADN demostró su inocencia en los hechos.

La historia de Avery, que fue recogida en el reconocido documental “Making a Murderer”, incluye una nueva condena en su contra, como supuesto autor de un segundo crimen, hecho por el que siempre se ha declarado inocente y que ha motivado la recolección de más de 200 mil firmas en su favor.

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