Sala de Prensa

04/12/2017

Columna de opinión:

La prisión preventiva al banquillo

El siguiente articulo fue escrito por el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, y publicado por el Diario El Centro de Talca el martes 28 de noviembre de 2017.

Por José Luis Craig M.,
Defensor Regional del Maule.

La prisión preventiva como medida cautelar, a la luz de los que algún grado de acercamiento tienen en la cuestión penal, tiene un “pecado de origen”, que reside en su dudosa legitimidad cuando se le contrasta con el principio de inocencia, que significa, en términos simples, que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no se demuestre, en juicio, lo contrario.

Entonces, en principio, una persona que sólo está siendo investigada por un delito no podría ser encarcelada hasta el resultado condenatorio del juicio. Sólo razones de seguridad explican que, para ciertos y determinados casos, esa máxima se rompa y las personas esperen su juicio privados de su libertad, esto es en una cárcel.

Contra lo anterior juega la impresión, más bien infundada de la población, de que una persona por el sólo hecho de ser detenida o formalizada ya merece estar presa. También ayuda a la anterior percepción el papel que juegan los medios de comunicación, los que ahora tienen por regla general acceso libre a las audiencias, que son orales y públicas.

No obstante lo anterior, ya ha sido puesto en la palestra por el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA) y por el mismísimo presidente de la Excelentísima Corte Suprema, el uso indebido y desproporcionado de la prisión preventiva en nuestro sistema penal.

Es así como se constata que el número de prisiones preventivas decretadas sube de 19 mil 804 en 2015 a 37 mil 497 en 2016. Y esta tendencia se mantiene en el presente año, ya que sube un 6,3 por ciento al primer semestre de 2017.  Razones para ello hay muchas, tales como la presión social, el endurecimiento de las leyes y la nula o escasa fiscalización de las demás medidas cautelares que no implican privación absoluta de libertad.

La cara más dura de esto la viven personas que sufren privación de libertad innecesaria, ya que al final de su proceso no son condenadas. Este lamentable número ha ido creciendo y en 2017 se proyecta un alza, ya que a agosto pasado un total de 2 mil 18 personas han pasado por esa situación. Y en el Maule ya llevamos 67 personas que pasaron al menos un día de sus vidas en la cárcel y luego no fueron sancionados de manera alguna.

Se está anticipando la pena, con una medida cautelar de último recurso, y en ello hay responsabilidad de todos. De los legisladores, de los jueces que la decretan, de los fiscales que la piden sin que el caso esté lo suficientemente sólido y de los defensores que no son capaces de poner buenos argumentos para evitarla.

Otro tanto sucede con el plazo de duración de la prisión preventiva. No es posible que ésta dure más de un año, y en esto nos cabe más responsabilidad a los defensores, quienes tienen a su haber una gran medida de presión para lograr que los plazos de la investigación se acorten o duren sólo lo necesario, ya que pueden solicitar plazo y luego instar porque éste no se dilate más de lo necesario. Para ello también, y para ser justos, se debe contar con jueces valientes, que hagan respetar el plazo que ellos mismos fijaron en su oportunidad.

En suma, se está abusando de la privación de libertad como medida cautelar, y lamentablemente se está peligrosamente avanzando en la proporción de privados de libertad a la espera de juicio en nuestras cárceles, anotando un severo aumento año a año. Es necesario volver a un régimen racional de la prisión preventiva y eso es responsabilidad de todos.

 

 

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